El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, destaca en un estudio que el estado actual del sistema de pensiones en México “no es bueno, sino desigual, con riesgos de sostenibilidad y poco transparente”, y los recursos públicos destinados a cubrir los compromisos son cuantiosos, con una tendencia al alza.
Indica que por el diseño de los más de mil diferentes esquemas que integran al sistema y las circunstancias de la economía mexicana, el grueso de los beneficios se concentra en una parte reducida de la población.
En el reporte “Salario digno, pensión digna, vida digna”, el CESOP señala que “el gasto en pensiones de beneficio definido” –el sistema de reparto que antecedió a las cuentas individuales- tenderá a crecer hasta 2030-2035, dependiendo de la institución, cuando alcance su máximo, para después descender y extinguirse entre 2090 y 2120.
Sin embargo, de no existir alguna reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, quienes están por cuentas individuales terminarán pagando no sólo sus pensiones, sino también las de generaciones anteriores.
Precisa que a pesar de que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tienen buen rendimiento, representan una carga fiscal importante para las futuras generaciones, ya que gran parte de los ahorros de los trabajadores están invertidos en deuda gubernamental, respaldados por dinero que aún no existe. Es decir, las próximas generaciones tendrán que soportar esos ingresos por medio de un mayor pago de impuestos.
Ante ello, considera vital que el Estado diseñe mecanismos para ampliar el margen de maniobra presupuestario para poder cumplir con el pago de las obligaciones, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía.
“De no existir alguna reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales (sistema creado después de la Ley de 1997 en sustitución del sistema de reparto) terminarán pagando no sólo sus propias pensiones, sino también las de las generaciones que los antecedieron”, enfatiza.
El CESOP plantea evaluar el tamaño del pasivo pensionario, pues a pesar de los esfuerzos por hacer una medición del volumen de la deuda en pensiones, al menos las evaluaciones públicas se han topado con restricciones de información.
Por otro lado, la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios obliga a los gobiernos subnacionales a presentar una valoración de sus pasivos contingentes pensionarios. Ante ello, es importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compile esa información y la haga pública de manera sistemática, recomienda.
Destaca la importancia de revisar los compromisos en el sistema de reparto. “El grueso del gasto público en pensiones ocurre por los beneficios definidos y la tendencia sugiere aumentos muy considerables en las erogaciones del gobierno por un lapso de al menos 20 años”, advierte.
Sugiere poner controles al gasto público en pensiones. Una primera opción, propone, es garantizar que cierto porcentaje se reparta entre toda la población y el restante vaya a cubrir los compromisos por beneficio definido.
Otra alternativa, abunda, es ser explícitos legalmente, en que el gobierno no puede endeudarse para pagar pensiones que presionarían fiscalmente a las próximas generaciones.
En el documento, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública resalta que el IMSS concentra el 75 por ciento de la población jubilada bajo el esquema de pensiones contributivas y el ISSSTE el 10.3 por ciento de los pensionados, hasta llegar a los esquemas de las empresas productivas del Estado (EPEs), al sistema judicial, bancos, universidades y municipios.
“La desorganización y la falta de control en el financiamiento y gasto de las pensiones ha derivado en que el egreso por este concepto representará el 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2017 y 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con tendencia a incrementarse en los siguientes años”, detalla.
En cuanto a las diferencias entre el gasto histórico y el proyectado por institución, el IMSS reconoció, en 2015, que el costo fiscal de las pensiones de beneficio definido para 3.4 millones de pensionados, avaladas por la Ley de 1973, fue de 187 mil 533.9 millones de pesos (mdp), 17.3 por ciento más que el aprobado para dicho año.
La tendencia seguirá al alza, hasta alcanzar su máximo en 2034, extinguiéndose en 2090, cuando se prevé que se termine de pagar, aclara.
Sobre el ISSSTE, en 2035 se requerirán 235 mil 803 mdp para el pago de las pensiones de beneficio definido y se espera que las obligaciones de este pago se terminen en 2075. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) establece que dichas obligaciones de pago pueden no ser sostenibles en el mediano y largo plazo, de mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales.
Menciona que las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio pueden recibir, al menos, el 40 por ciento de su último salario; en cambio, los de cuentas individuales, solo alcanzan el 30 por ciento.
El 57 por ciento del gasto público en pensiones por sistema de reparto se asigna a la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, mientras que los 27 estados restantes reciben sólo el 43 por ciento de dicho gasto.
Con información de Cámara de Diputados
