El pleno del Senado de la República aprobó por mayoría la legislación secundaria de la Ley de Disciplina para Estados y Municipios, aunque de nuevo la regresó a San Lázaro con cambios. El ordenamiento, establece sanciones administrativas y penales para castigar a servidores públicos que endeuden indebidamente a las entidades o a los ayuntamientos del país.

Tras casi cuatro horas de discusión, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM avalaron el ordenamiento con 85 votos a favor; nueve sufragios en contra de la bancada del PT, de los senadores perredistas Mario Delgado Carrillo y Rabindranath Salazar, así como de los panistas Víctor Hermosillo y Francisco Búrquez, y una abstención de Sylvia Leticia Martínez Elizondo, también del PAN.

La minuta con modificaciones impondrá castigos a quienes incurran en actos de corrupción o utilicen de manera incorrecta los recursos públicos, al canalizarlos a un destino que no sea la inversión pública.

Con esta ley, los estados y municipios también tendrán que realizar una gestión con mayor eficiencia y absoluta honradez en el ejercicio del gasto público, ya que deberán cumplir con los estrictos procesos de transparencia, rendición de cuentas y la evaluación de los resultados, que exige el manejo de recursos públicos.

La reforma también establece que los estados y municipios deberán inscribir y publicar los créditos de manera oportuna y transparente en un registro público único, para formar un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento, el cual contempla tres mediciones: endeudamiento sostenible (semáforo verde), endeudamiento en observación (semáforo amarillo) y endeudamiento elevado (semáforo rojo).

El Congreso sólo podrá intervenir en este proceso cuando se tenga que definir si los estados pueden adquirir mayor deuda, cuando las entidades y los municipios sobrepasen su techo de endeudamiento y generen condiciones de desorden en el manejo de sus finanzas.

Con información de: El Financiero
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