La Suprema Corte inició el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) entre las que destaca el párrafo propuesto por el Presidente de la República que prohibía a funcionarios trabajar en la iniciativa privada por al menos 10 años después de haber dejado su cargo público.
A través de un comunicado, el pleno de la SCJN determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la LFAR no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez. Además, el Pleno resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades implícitas para legislar en materia austeridad.
En este contexto, el pleno invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.
De acuerdo con la Corte la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada, por lo que con esto, la propuesta del primer mandatario fue desechada.
Cabe destacar que la Ley General continuará siendo analizada luego de la acción de inconstitucionalidad promovida por Senadoras y Senadores de la República, por lo que el pleno continuará su discusión en la próxima sesión.
Es inválida la disposición de la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohibe laborar en el sector privado por 10 años después de ejercer el servicio público, toda vez que afecta de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada la libertad de trabajo. pic.twitter.com/nhrmjjqg7k
— Suprema Corte (@SCJN) April 4, 2022
Redacción
