El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico enfrenta un problema grave de credibilidad, luego de que la filtración del expediente evidenciara omisiones e inconsistencias respecto de la versión pública presentada por la Fiscalía General de la República.

Romero recordó que el Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto operado y administrado por la Secretaría de Marina, responsable de la infraestructura, material rodante, operación, personal, protocolos de seguridad y mantenimiento. Sin embargo, señaló que tras el accidente, la narrativa oficial se condujo como si se tratara únicamente de un “error humano” individual.

“El país no puede aceptar una explicación cerrada a toda prisa, que pretenda cargar toda la responsabilidad penal sobre trabajadores operativos, mientras se excluyen desde el inicio posibles fallas del sistema, de supervisión y de operación”, afirmó.

Romero explicó que el 27 de enero, la Fiscalía ofreció una conferencia en la que sostuvo que la causa central del siniestro fue el exceso de velocidad, atribuido al maquinista y a otros operadores, y descartó fallas determinantes en la vía o en el tren, presentando esa conclusión como si se tratara de un desenlace prácticamente definitivo.

No obstante, indicó que, tras esa exposición pública, comenzaron a circular datos del expediente entre el 28 y el 31 de enero, los cuales apuntan a elementos que contradicen la narrativa oficial: deficiencias graves en el monitoreo y control de velocidad; fallas o limitaciones en sistemas de control; equipos y software desactualizados; comunicación deficiente con la central; cámaras inservibles; condiciones de vagones antiguos y desgastados; y tramos con condiciones problemáticas que, combinadas con la velocidad, incrementan el riesgo de descarrilamiento.

Romero subrayó además que el propio expediente refiere que parte del personal operativo carecía de licencia ferroviaria vigente y contaba con exámenes médicos vencidos, situación que posteriormente fue reconocida por la Secretaría de Marina.

“Eso no es un ‘detalle administrativo’. Si un tren de pasajeros sale a operar con irregularidades así, alguien lo autorizó. Y esa responsabilidad no puede esconderse detrás de un chivo expiatorio”, sostuvo.

El dirigente panista advirtió que también resulta grave que la Fiscalía haya cerrado desde un inicio líneas de investigación relacionadas con la supervisión del proyecto y posibles hechos de corrupción, pese a la existencia de grabaciones difundidas públicamente.

En particular, recordó que existen audios de una llamada entre Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se habla del suministro de balasto de baja calidad para el proyecto ferroviario, minimizando los riesgos técnicos y humanos, así como de beneficios económicos ligados a la proveeduría de materiales.

“Esas grabaciones no son rumores ni especulación. Son elementos públicos que apuntan a posibles irregularidades en la cadena de suministro y que, sin embargo, fueron descartados desde el inicio por la Fiscalía”, señaló.

Romero advirtió que mientras la Secretaría de Marina afirma que el caso “sigue abierto”, la Fiscalía ya detuvo y judicializó a personal operativo, lo que genera una contradicción institucional evidente: “dicen que la investigación continúa, pero en los hechos ya señalaron culpables y cerraron líneas completas”.

Ante esta lamentable y dolorosa situación, Acción Nacional reclama:

Que no se descarte ninguna línea de investigación, incluidas las relacionadas con corrupción y supervisión política.

 

Que se expliquen las contradicciones entre el expediente filtrado y la versión pública de la Fiscalía.

 

Que se ordenen peritajes internacionales independientes.

 

Que se investigue integralmente la obra: diseño, construcción, materiales, rehabilitación y operación.

 

Que se aclare por qué se ignoraron al menos 14 auditorías desde 2019.

 

Que se determine quién contrató a los maquinistas y autorizó su operación sin licencias vigentes.

 

Que se investigue quién supervisó la seguridad ferroviaria y si existían certificaciones internacionales.

 

Que comparezcan todos los responsables, sin excepciones ni intocables.

 

Que haya responsabilidades administrativas, penales y políticas.

Redacción