La Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura para concentrar todos los casos relacionados con ese ilícito y hacer posible una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva en esos casos.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor mañana, se establece que la unidad tendrá competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura.
Hasta el momento, los casos relacionados con este delito se han tratado de concentrar en determinadas áreas de la institución; sin embargo, existen investigaciones en curso en diversas unidades administrativas u órganos desconcentrados, lo que da cuenta de una atención segmentada a esos asuntos.
Lo anterior “ha venido ocasionando inconvenientes para aplicar esfuerzos uniformes y sostenidos al respecto, así como para identificar con precisión la cantidad de casos en trámite”, puntualizó la PGR.
El titular de esa unidad, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, será nombrado y removido directamente por la procuradora general de la República y tendrá calidad de agente del Ministerio Público de la Federación.
Entre sus funciones destaca colaborar en el diseño de los protocolos sobre la investigación del delito de tortura, así como instrumentar, supervisar y evaluar su aplicación.
Podrá requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la PGR o de otras instancias toda la información que sea necesaria para la investigación del delito de tortura.
Tendrá, además, las facultades de coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas y el Distrito Federal para la investigación de este delito.
Así como atender e informar en forma periódica a los familiares de las víctimas sobre el curso, avances y resultados de las indagatorias realizadas.
Asimismo, establecer mecanismos de coordinación y de colaboración con otras áreas de la PGR, con las comisiones de los derechos humanos nacional y estatales, así como las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de las garantías individuales y de los derechos de las víctimas.
En el acuerdo se instruye a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y a la Oficialía Mayor a que en un plazo no mayor a 30 días naturales instrumenten las acciones y medidas pertinentes y necesarias para dar el debido cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo.
Información de: lopezdoriga.com
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