El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que existen inquietudes sobre la iniciativa de Ley de Aguas que no han sido tomadas en cuenta por quienes impulsan la reforma; además, el proyecto no garantiza más producción agrícola.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, al referirse a lo expresado por la presidenta de la República en su conferencia matutina, el diputado dijo que no está a favor del acaparamiento; no obstante, “la autoridad debe decirnos quiénes están acaparando. Segundo, ese acaparamiento, si fue legal o ilegal”.

Añadió que la iniciativa no garantiza más producción agrícola. “Nos dicen que quieren que haya, pues, distritos de riego, que se produzca. Pues creo que eso todos lo queremos. El problema es que la ley que se está presentando […] no nos lleva exactamente a que haya mayor producción”.

Enfatizó que la discusión de esta legislación no es un diferendo personal, sino un tema de interés nacional, por lo que “si llega una propuesta, aquí puede haber contrapropuestas para que el país tenga lo mejor”.

Sobre el derecho humano al agua, recordó que está establecido en la Constitución Política desde 2012. “El agua para consumo humano no supera el ocho por ciento del requerimiento nacional. Y en el caso de la Ciudad de México, el 40 por ciento del agua que entra a la red se tira.

“Yo creo que son dos cosas distintas. Y aparte se tiene que compaginar con el derecho humano a la alimentación”, subrayó.

En México “hay más de 32 realidades [...] Hay una molestia por parte de los ganaderos. Y, por otro lado, que no se haya consensado con la industria minera”.

También cuestionó disposiciones que contravienen la Constitución Política, particularmente en la captación de agua de lluvia. “El artículo 27 constitucional no dice que hay una parte de agua que es propiedad de las personas. La que se acumule por la lluvia. Pues ahora resulta que esta ley dice que no, que tienes que pedir permisos. Entonces, contradice la Constitución”.

Sobre el contexto económico, subrayó que no es momento de imponer normas sin respaldo amplio. “En momentos en los cuales no está creciendo la economía del país [...] creo que lo más prudente es que se construyan leyes en las que haya la mayor parte de consensos”.

En lo referente a la regulación de los vapeadores, el diputado calificó la propuesta como excesivamente punitiva.

“Hay un populismo punitivo. Tienen un problema y lo que hacen es sacar un dispositivo legal con un delito que tiene penas muy altas”. 

Hizo hincapié en que estas medidas generan efectos contrarios a la seguridad. “En lugar de traer seguridad, traen injusticias”, ya que calificó como un exceso “poner cárcel a quien compre un vapeador”.

El legislador expresó preocupación por sancionar penalmente a personas con adicciones. “Lo que me preocupa de todo esto es querer meter a la cárcel a la gente que puede tener una adicción y con presión alta”.

Agregó que “el dictamen de vapeadores son 700 páginas [...] aprovechan para meter otra serie de normas centralizadoras”.

Redacción