Article 19, la organización de Derechos Humanos que participa activamente para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, publicó un comunicado en el que alertó acerca del incremento en el número de agresiones contra la prensa en Baja California.
Al censurar el acoso de Jaime Bonilla a diferentes medios de difusión, como el Semanario Zeta, la Article 19 declara que en 2019 se documentaron 32 agresiones, lo que implica un incremento del 60% lo cual representa una preocupante tendencia para la libertad de expresión y de prensa en Baja California. La carta expone lo siguiente:
Jaime Bonilla Valdez
Gobernador Estado Libre y Soberano de Baja California
Por medio de la presente, ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica desea expresar su profunda preocupación por la situación de libertad de expresión y ataques contra la prensa en el estado de Baja California, y en particular la tendencia de agresiones dirigidas al Semanario ZETA.
Desde finales del 2019, ARTICLE 19 ha documentado una serie de agresiones contra el medio, y ha reiteradamente resaltado sus preocupaciones a su administración.
Teniendo conocimiento de estos hechos, ARTICLE 19 recuerda que es menester de su administración el ser más tolerante con la crítica y con la prensa, así como su obligación de evitar la estigmatización y agresiones contra periodistas y medios. Desde el año 2019 la organización ha reportado sobre el incremento de agresiones que se están presentando en su entidad.
En particular, resalta el más reciente escalamiento de estas agresiones cuando al culminar una transmisión en vivo se utiliza el término “MENTIRAZ CON ZETA” para calificar cualquier trabajo periodístico el cual discrepe con los datos oficiales presentados.
Bloqueos y estigmatizaciones contra el Semanario ZETA
En conferencia de prensa del 6 de diciembre, Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno en Baja California, estigmatizó al Semanario ZETA. Esa semana, el medio había publicado dos ediciones en las cuales Rodríguez y otros funcionarios fueron señalados de presuntos actos de corrupción, dados supuestos sobornos de 20 millones de pesos. Como respuesta, el funcionario afirmó que “el semanario Zeta está enojado primero porque no se le compra publicidad, y dos porque estamos investigando supuestamente a la pareja sentimental de Adela Navarro”. Asimismo, en sus declaraciones el funcionario calificó de mentiras las investigaciones del semanario. ARTICLE 19 documentó y alertó sobre los hechos.[1]
El 16 de enero, en el Aniversario de Baja California, usted le negó una pregunta a un reportero del medio. En entrevista con ARTICLE 19 el periodista indicó que se le preguntó de qué medio venía. Cuando el reportero se presentó, Rodríguez Lozano le respondió: “para ZETA no va a haber entrevistas”.
Según información compartida por el equipo de Semanario ZETA, el 14 de febrero, saliendo de una transmisión, varios reporteros se le acercaron para hacer preguntas. Sin embargo, al reportero del Semanario, quien preguntó sobre los resultados del decreto sobre la casera de Playas de Tijuana, usted sólo le respondió: “mejor inventa la tuya de una vez”.
El 21 de enero un periodista del medio recibió una amenaza por parte de un funcionario público del estado de Baja California. Según lo relatado por el reportero, se le dijo que debido a “roces con las autoridades”, sus teléfonos podrían ser intervenidos y que “tuvieran cuidado”.
El 2 de marzo en Mexicali, se le negó entrada a un reportero del Semanario ZETA en la ceremonia de toma de protesta del General Celestino Ávila. Según lo relatado por periodistas del medio, sólo se les dio acceso a los últimos 10 minutos del evento tras múltiples insistencias.
La semana del 20 de marzo se organizaron unos recorridos para hacer reportajes en la Unidad Operativa de Hospitalización COVID-19 en 28 Batallón de Infantería Guaje de la Tuna. Múltiples medios fueron invitados para los reportajes, pero según la información compartida por el equipo de Semanario ZETA a ARTICLE 19, cuando se preguntó sobre un posible acceso la respuesta fue “ZETA hoy no”.
El 28 de marzo funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal negaron el acceso al reportero y fotógrafo de Semanario ZETA y RadarBC, a un evento público. Se trataba de la presentación de obras de infraestructura deportiva, parte de la estrategia de desarrollo económico y social del gobierno federal. ARTICLE 19 documentó y publicó una alerta al respecto[2].
Los días 12, 13 y 14 de mayo, posterior a la resolución de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la reforma del artículo Octavo de la Constitución de Baja California, Gobernación y Comunicación Social del Estado le negaron información y entrevistas al equipo de periodistas de Semanario ZETA. Esto a pesar de sí dar entrevistas a otros medios en el mismo periodo. Según lo relatado por un reportero entrevistado, “hasta tuvimos que poner una guardia, por casi tres días, para ver si alguien lograba obtener una entrevista. El segundo día nos dijeron que por ser ZETA no nos iban a recibir.”
El 28 de mayo cuando fue cuestionado por el uso de publicidad y promoción de su imagen en los reportes de salud sobre la pandemia por COVID-19, Rodriguez Lozano estigmatizó al Semanario diciendo “ya sé que Zeta, digo una cosa y va a escribir lo que quiera”[3].
El 30 de mayo en la Conferencia sobre la Actualización sobre casos de COVID-19 se estigmatizó al semanario haciendo referencia sobre sus publicaciones sobre falta de camas para pacientes de COVID en los hospitales estatales. Aunque no se dijo el nombre del Semanario ZETA de manera explícita, se hizo alusión al reportaje de falta de camas en los hospitales, se les tildó de periódico alarmista y se dijo que “ese periódico vive de lo que no publica”.[4]
El 1 de junio una vez más una periodista del Semanario ZETA le fue negada una entrevista con usted. Cuando la reportera se le acercó a hacer unas preguntas su respuesta fue “¿Usted es de algún medio? ¿Del ZETA? ¿Sigue saliendo?”
El 7 de julio en una transmisión informativa, hablando sobre cifras de COVID-19 en el estado, se burló sobre cifras que comparan algunos medios sobre lo reportado por su gobierno. Según lo informado a ARTICLE 19, se preguntó “¿De dónde saca eso el ZETA?” y posteriormente hizo referencia al medio y le estigmatizó asegurando que “Por hacer una nota negativa del gobierno son 10 mil pesos que…esto que la cotizan… no te preocupes por eso”.
El mismo día, al salir de la transmisión, el reportero de ZETA Gerardo Andrade y otra reportera se acercaron para entrevistarlo. Según lo reportado a ARTICLE 19, Andrade le pidió su opinión respecto a los señalamientos en su contra de la alcaldesa de Tecate y respondió: “Ustedes son muy bueno para inventar para que quieres que te diga, ya estás inventando todo…” Así mismo cuando quiso preguntar sobre información sobre un albergue, repitió “Ustedes todo inventan para qué quieren que te diga.”
El 13 de julio en la Conferencia sobre la Actualización sobre casos de COVID-19, en vez de pasar a las preguntas, como todas las mañanas, publicaron que Adela Navarro Bello, directora del Semanario ZETA, seguía la transmisión. En tono burlón dijo “Le agradecemos nos sigue, es muy importante que este bien informada para que no esté publicando cosas que nos son en el periódico”.
Finalmente, el 14 de julio en la Conferencia sobre la Actualización sobre casos de COVID-19 se estigmatizó al Semanario cuando, al final de ésta, usted y el Secretario de Salud de la entidad comparten una imagen con el slogan “Toda la información que se transmite aquí es la verdad. Lo demás son “MENTIRAZ” CON ZETA”.[5]
Los escenarios aquí presentados demuestran actos de discriminación en donde se está permitiendo el acceso informativo a otros medios, pero se está restringiendo al semanario a ejercer su labor periodística. Los bloqueos informativos, donde se les niega acceso a ciertos medios o periodistas, violentan el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Las autoridades deben dar un acceso amplio a la ciudadanía y evitar restricciones basadas en aprobación o no de ciertas líneas editoriales.
Por su parte, las estigmatizaciones generan un clima político de intimidación en donde se provoca la autocensura. En términos de protección a la libertad de expresión, tanto la Suprema Corte de justicia de la Nación como la CoIDH, han dictaminado la exigencia de mayor tolerancia con respecto al escrutinio público de funcionarios.
Incremento de agresiones en el estado
Estas agresiones contra el Semanario ZETA no son incidentes aislados, y se dan en el marco de una tendencia a la alza de agresiones contra la prensa en el estado y en el país.
Como lo informó ARTICLE 19 en su informe anual “Disonancia: Voces en disputa”: este 2019 Baja California dio un salto en el número de agresiones contra la prensa. En 2016, se documentaron 15 agresiones, las cuales aumentaron a 18 en 2017 y a 20 en 2018. Esto representaba un crecimiento sostenido no mayor al 20% en los últimos años. No obstante, en 2019 se documentaron 32 agresiones, lo que implica un incremento del 60%. Este salto porcentual representa una preocupante tendencia para la libertad de expresión y de prensa en Baja California.
Tanto en su estado como en el resto del país la estigmatización por funcionarios públicos tiene graves consecuencias para la libertad de expresión, así como para la integridad de los periodistas. Después de la descalificación por funcionarios públicos, existen patrones donde se activa en las redes sociales digitales una serie de mecanismos de abierto hostigamiento hacia periodistas: insultos, ataques y amenazas generan un clima de intimidación para los medios y periodistas quienes preguntan, cotejan datos, o critican medidas de las autoridades. Así mismo, actores políticos y privados se sienten habilitados o habilitadas para fustigar a la prensa. Esta dinámica genera las condiciones idóneas para ataques físicos de mayor gravedad.
En este sentido, ARTICLE 19 recuerda que el Semanario ZETA tiene una larga trayectoria periodística que se ha visto respondida con ataques y agresiones. En 1988 Héctor Félix Miranda, cofundador del medio, fue asesinado. De la misma forma, asesinaron a Francisco Ortiz Franco, editor de ZETA, en 2004.
Llamado a proteger la libertad de expresión en Baja California
Ante las situaciones aquí exhibidas, ARTICLE 19 reitera que, en acorde a la normativa mexicana[6] y a los estándares interamericanos de derechos humanos[7], la libertad de expresión en una democracia requiere la pluralidad de medios y que no haya discriminación a priori de grupos o individuos en el acceso a la información.
Por lo anterior ARTICLE 19: Pide dar al Semanario ZETA las mismas garantías de acceso informativo que se dan a los medios de comunicación para garantizar el libre flujo de la información en Baja California.
También llama a cesar los comentarios estigmatizantes hacia las y los reporteros del Semanario ZETA, así como a reconocer la importancia de labor del trabajo del semanario dentro de la democracia en Baja California.
Por último, recuerda que las autoridades deben siempre garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística en base al derecho de acceso a la información, particularmente dentro del contexto actual de pandemia.
