Diputados de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI denunciaron que se pretende dar un “albazo” para aprobar la minuta de reformas a la Ley de Amparo, sin realizar un amplio debate con juristas y sociedad civil, como se acordó en Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.

En rueda de prensa, cuestionaron la falta de claridad sobre las audiencias públicas anunciadas para el viernes, sábado y lunes.

El diputado Federico Döring Casar (PAN) calificó como una “trampa y argucia” el adelanto de las audiencias públicas, al considerar que con ello se busca complicar y sabotear la discusión de la minuta, y señaló que el procedimiento “viola todo orden legislativo” y que el objetivo del oficialismo es limitar el acceso a la justicia de los ciudadanos.

“Así como están tratando los derechos de los mexicanos y de los que quieren venir a opinar, y así como incumplen y violan todo procedimiento legislativo, así van a querer atropellar a todos los que piensan distinto cuando hagan valer sus derechos, a través de lo que quede del muy menguado, famélico y muy extinto del juicio de amparo, con motivo de estas marranadas legislativas de la mayoría artificial de Morena”.

En su oportunidad, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, consideró que el tema amerita “una discusión reposada y profunda”, cuestionó la falta de claridad sobre las audiencias públicas anunciadas para el viernes, sábado y lunes, y expresó que la minuta tiene un trasfondo recaudatorio y de amedrentamiento hacia quienes enfrentan al Estado, especialmente en materia fiscal.

“Ellos pretenden hacer mañana estas audiencias, el sábado y el lunes. El tema es a quién van a convocar, cuánto tiempo tienen para prepararse los convocantes, qué se va a discutir, si va a haber apertura profunda, si no se va a dejar a nadie afuera, si vamos a llamar a los mejores constitucionalistas del país, y esto no está diseñado”. Consideró los dos presidentes de las comisiones no supieron llevar bien sus juntas directivas y encontrar un buen acuerdo.

Aseguró que no se trata de mejorar la legislación; “se trata de un mandato que viene desde el poder, y cuando se debilita el amparo se debilita a las personas, a los individuos y a los colectivos, y se fortalece el autoritarismo. Para lograr eso se está construyendo una serie de argumentos falaces, se extrapolan ideas y ejemplos, y se están aprovechando de que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema”.

Por su parte, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI), secretario de la Comisión de Justicia, recordó que en las reuniones de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC propusieron un Parlamento Abierto.

Denunció que el dictamen fue circulado antes de concretar el acuerdo, lo que vuelve “ocioso” el ejercicio de audiencias públicas. “El convocar a audiencias públicas, en ese tema nosotros fuimos muy claros: por la importancia de la Ley de Amparo, consideramos que el mecanismo oportuno era que la Jucopo determinara el qué, cómo y cuándo”.

Subrayó que debilitar el juicio de amparo implica un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos y una concentración de poder en el Ejecutivo, ya que es una figura que se creó para proteger al ciudadano de los abusos de autoridad. En esa lógica, la figura de la suspensión tiene como objeto evitar que los daños que pueda causar la autoridad sean irreparables, la cual está en riesgo, porque sube el estándar para que se pueda otorgar una suspensión a un particular.

Por su parte, el diputado Cesar Israel Damián Retes (PAN), secretario de la Comisión de Justicia, señaló que dicha minuta es un proyecto “tóxico” que pretende proteger al gobierno y limitar los derechos ciudadanos.

Señaló que durante la sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda recordó que el acuerdo establece que las personas participantes serán seleccionadas bajo los principios de claridad en la propuesta, trayectoria curricular, pluralidad política, diversidad institucional y paridad de género, con un máximo de 15 participantes por sesión; sin embargo, se ha actuado con subjetividad y falta de apertura al diálogo.

“Si alguien no está de acuerdo con su dictamen, no lo dejan pasar porque les cae mal; si lo tachan de delincuente o corrupto, lo excluyen. Eso no es ser demócrata ni estar abierto a la reflexión, están regateándole el diálogo a la ciudadanía”, expresó.

Afirmó que, si realmente se busca fortalecer los derechos de las y los ciudadanos, se tendría que votar en contra de este dictamen. “Por eso la prisa, porque es el nuevo ‘agandalle’ de Morena. Esta reforma al amparo es para cuidarse entre ellos, para cuidar al gobierno. Es irónico que quieran modificar el amparo, las suspensiones y los efectos cuando son los primeros en acudir al amparo”.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) abundó que la ley, en el tema de los créditos fiscales, es arbitraria para la protección del gobierno y del Estado, pues “el amparo solo procederá en el caso de que empresas y personas físicas puedan garantizar el total del crédito fiscal y los intereses que pueda provocar a favor del Estado, el procedimiento podría durar meses o años, y afectará directamente a las micro, medianas y pequeñas empresas (MiPymes) que no tienen la capacidad de cubrir el 100 por ciento de un crédito fiscal”.

Lo anterior, abundó, rompe con un principio de proporcionalidad y crea que las MiPymes y personas físicas no tengan la capacidad de cubrir ese tipo de créditos fiscales y que el Estado pueda embargar y rematar los bienes de esas personas y morales. Aseveró que esa reforma es con la intención de recaudar y deja en indefensión a los que menos tienen o a las y los emprendedores.

El diputado Yerico Abramo Masso (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que en la ley se incrementa a 40 por ciento el capítulo de recargos, en el Código Fiscal de la Federación, que se establece en la Ley de Ingresos, la cual se pretende aprobar la próxima semana, por lo que “con esta reforma si una persona le debe 100 pesos al SAT, en vez de negociar el pago porque no puede pagar de golpe, esa persona hoy tiene un recargo del 40 por ciento”.

Añadió que también hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a garantizar el adeudo con bienes materiales o económicos, ya que “antes había la posibilidad de entrar en una negociación de pago; hay cerca de 2 billones de pesos que están en juicios de amparo algunos de grandes, otras de medianos contribuyentes y la gran mayoría de pequeños contribuyentes”.

Enfatizó que esa ley es parte de una creación de varias que está construyendo el gobierno para establecer un “autoritarismo jurídico”, a fin de tener garantía de ingresos fiscales y el control absoluto sobre cualquier definición, que antes un juez podía detener, de un exceso de abuso del gobierno. “Están haciendo una especie de terrorismo fiscal para que pagues de la forma en que tengas que hacerlo, hasta que Hacienda garantice el ingreso”.

Aseguró que todo se debe al gran boquete financiero que el sexenio pasado le heredó a la presidenta de la República, pues “dejó una deuda histórica, que para el 2026 alcanzará los 20 billones de pesos, un grave compromiso de pago de intereses de 1.5 billones de pesos en 2026, más 1.7 millones de pesos que tendrá que contratar de deuda bancaria para soportar el presupuesto de gasto del próximo año”.

Por último, el diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN), secretario de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, coincidió en que la Ley de Amparo dejará en la indefensión, y sin ningún tipo de mecanismo de defensa, a las y los ciudadanos, las organizaciones civiles y las comunidades medioambientalistas, en contra del atropello del Estado.

Redacción