El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de casi 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron sus servicios o dejaron de hacerlo, lo cual fue detectado en ejercicios de auditoría.

Asimismo, el sujeto obligado debe indicar el número de carpeta de investigación iniciada; las acciones jurídicas para recuperar los recursos; la cantidad de demandas mercantiles presentadas, señalando el número de expediente y autoridad que conoce del asunto, en caso de no haber presentado ninguna, el motivo y fundamento de por qué no se ha hecho, y si existen otros procedimientos jurídicos iniciados para recuperar los montos faltantes.

Al presentar el caso ante el Pleno, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó que, a tres años del surgimiento de SEGALMEX, el pasado 18 de agosto, el titular de la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que se integraría un grupo de trabajo interinstitucional para investigar y dar seguimiento a presuntos actos de corrupción en dicho organismo.

Al respecto, detalló que la SFP tenía abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas y que alrededor de 9 mil 500 millones de pesos estaban en proceso de revisión, aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.

“Al menos, existen dos grandes estrategias para resolver el problema de la corrupción (...) por un lado, fortalecer las instituciones, así como los valores de la ética y la integridad entre los servidores públicos; y, por otro lado, facilitar que la ciudadanía cuente con información relevante para coadyuvar en la agenda de combate a este flagelo, en aras de disminuir la tolerancia y normalización de este fenómeno por parte de la sociedad”, puntualizó.

Ibarra Cadena reconoció que los avances de México en materia de combate a la corrupción son lentos, pues, según el Índice de Percepción de Corrupción, de 1995 a 2021, el país solo avanzó un punto al pasar de 31 a 32. “Esto nos coloca en el tercio de países con más corrupción en el planeta”, alertó.

Inconforme porque SEGALMEX declaró la inexistencia de la información, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, se advirtió que la inexistencia de la información manifestada por SEGALMEX no fue fundada ni motivada y, además, se encuentra en disonancia con lo determinado en las auditorías de cumplimiento, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En el caso de la auditoría 327-DE, se constató que, en el numeral “9. GASTOS”, derivado del análisis al proceso de adjudicación de 3 contratos celebrados con 2 empresas, se observaron diversos incumplimientos contractuales en contravención a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tema de interés de la persona solicitante.

Asimismo, se verificó que, en el dictamen de dicha auditoría, emitido el 28 de enero de 2022, se concluyó, en términos generales, que SEGALMEX no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Lo anterior, ya que, en la revisión de 3 contratos y de un convenio modificatorio, se detectó, entre otras cuestiones, que no se proporcionó evidencia de los informes y de los trabajos de campo, por tanto, no se acreditó la prestación de los servicios por más de 909 millones de pesos; y, en un contrato de fletes, se identificaron pagos por servicios realizados fuera de la vigencia por más de 9 millones de pesos, así como penalizaciones no aplicadas por más de 2 millones de pesos.

Ante lo expuesto, se concluyó que la respuesta de SEGALMEX es inconsistente, pues, al menos, cuenta con información del año 2020 y, sobre 2021 y 2022, no se tiene certeza de que haya hecho una búsqueda exhaustiva y razonable de lo solicitado.

Aunado a ello, se advirtió que no consultó a todas sus unidades administrativas competentes, como la Unidad de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Contabilidad Financiera, áreas encargadas de integrar los informes para atender los requerimientos de los órganos fiscalizadores, así como de solventar las observaciones resultantes de las auditorías.

Redacción