Los militares implicados en el caso Tlatlaya han quedado libres de toda culpa frente a la justicia castrense por el enfrentamiento que dejó un saldo de 22 muertos, luego de que se llevara un juicio secreto el año pasado.
Santiago Aguirre y Aracely Olivos, abogados de Clara Gómez González, testigo que denunció lo ocurrido, revelaron que se enteraron de la resolución luego de recibir documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mientras trabajaban en el caso.
“Desde que supimos que había un expediente en el fuero militar, fuimos a la SEDENA, pidiendo que Clara fuera parte. La SEDENA se lo negó. A partir de eso presentamos un amparo. Como pruebas, el Ejército mando algunos documentos, entre ellos información sobre el juicio a militares. Recién descubrimos que el juicio se celebró el año pasado y que la sentencia se dictó el 14 de octubre”, revelaron los representantes de la testigo.
El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en un enfrentamiento entre un grupo armado y miembros del Ejército mexicano en una bodega abandonada en una comunidad de Tlatlaya, Estado de México.
Por el caso, el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez cumplió un año en la prisión del Campo Militar Número Uno, mientras que seis soldados, tres de los cuales están acusados de homicidio, abuso de autoridad y alteración del lugar de los hechos en el fuero civil, quedaron libres de culpa.
Aguirre y Olivos, integrantes del Centro ProDH, consideraron que “la exoneración en el fuero militar de los acusados consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.
Asimismo, revelaron que a los soldados, sus superiores los animaban a “operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
A casi dos años de los hechos, no se vislumbra un desenlace judicial, pues la PGR no ha llamado a declarar a los altos funcionarios implicados, y la justicia civil no ha fijado fecha para el juicio a los militares.
Finalmente, los abogados de Clara Gómez González revelaron que ya no poseen acceso a la investigación de la PGR debido a que su cliente no es considerada una “víctima” del caso, a pesar de que su hija Erika, de 15 años, murió en el incidente.
Por ello, los abogados advirtieron por “el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva”.
