Ante la reforma publicada el 13 de marzo de 2025 y los ajustes presentados el 15 de septiembre de 2025 por parte de la Presidenta de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertió que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derechos en México y de la defensa ciudadana.

A través de un comunicado, COPARMEX reafirmó su compromiso con el diálogo democrático y, por ello, solicitaron formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la República está organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo.

“Representamos a miles de empresas en todo el país y consideramos indispensable que se escuche y atienda nuestra voz para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo. Nuestra participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derechos y preserve las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México”

El organismo empresarial señaló que los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa puede promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo:

“Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas”

Añadieron que las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio:

“Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica”

Acotaron que ‘el interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas, limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional’:

“Si se restringe el interés legítimo, se corre el riesgo de que normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie podría impugnarlas en representación del colectivo. Debilitar el interés legítimo genera un escenario de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos y se convierte en un recurso aislado y menos eficaz. Cada persona tendrá que litigar solo, con más costos y menos certeza para todos”, destacaron.

Enfatizaron que en el ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco. Para las empresas, esto representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos, dañando la economía nacional.

Además, añadieron, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial. Asimismo, la digitalización obligatoria puede excluir a personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación tecnológica para litigar en igualdad de condiciones.

“Las reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan a la Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la Suprema Corte. Esto abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la independencia de los tribunales, debilitando la seguridad que necesita el país para atraer inversión y generar empleo”

Por ello, la COPARMEX hizo un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con la sociedad civil, organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como un derecho histórico accesible a todos los ciudadanos:

“Su fortalecimiento es indispensable para la consolidación del Estado de derecho, la justicia efectiva y la confianza en las instituciones”, finalizaron.

Redacción.