La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró “un error grave” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), usar para otros fines los recursos específicamente destinados para la atención de la violencia contra las mujeres en entidades federativas por disposición de la Cámara de Diputados.

“Comprendemos la necesidad de recursos que tiene el Gobierno Federal, sin embargo, la vida y la integridad de las mujeres debe ser una prioridad, por encima de proyectos como la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, fuertemente cuestionados, que no han cumplido con la normatividad ambiental y que, en las circunstancias de emergencia sanitaria, no contribuyen a la superación de las crisis que vivimos”, señaló en un comunicado.

En Jalisco, el 74.1% de las mujeres han sufrido de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, por lo que es importante que los recursos federales respalden las acciones del gobierno estatal para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de violencia.

Reiteró el llamado que desde el Grupo Parlamentario del PRD se ha hecho para que la SHCP no recorte estos recursos a las entidades, y lamentó que no hayan sido escuchadas.

La legisladora recordó que Jalisco cuenta con cinco municipios que se encuentran en la lista de los 100 con mayores índices de violencia contra las mujeres: Zapopan, El Salto, Guadalajara, Mezquitic y Tonalá.

No obstante que la Alerta de Género emitida en 2018 por la Secretaría de Gobernación federal, implementó acciones en los municipios de Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán El Grande, Mezquitic, Lagos de Moreno y Ameca, éstas se encuentran en riesgo de no poder llevarse a cabo debido a cuestionables decisiones tomadas desde Palacio Nacional.

Enfatizó que muchas de las acciones quedarán sin respaldo económico para poder atenderlas, de tal forma que lo que se está poniendo en riesgo es la vida de las mujeres en Jalisco.

“No podemos aceptar esta situación, porque la violencia, y menos la que se ejerce contra las mujeres, nunca es normal”.

La diputada recordó que es responsabilidad constitucional de la Federación, establecer una coordinación con los gobiernos de los estados para combatir los índices delictivos porque, al menos en Jalisco, el mayor número de delitos que se registran son de competencia federal.

Puntualizó que el PRD ha hecho un llamado constante al Gobierno Federal para que replantee la estrategia de seguridad y concrete los acuerdos alcanzado con los gobernadores, a fin de que las entidades tengan mayores posibilidades de combatir la inseguridad y la delincuencia.

En muchos de los acuerdos alcanzados en julio de 2019 en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no hay avances.

Destacan entre ellos cambiar las reglas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para que se destine cuando menos 50% a fortalecer las policías municipales; capacitar y depurar las corporaciones de seguridad; vincular los C4 y C5 con Plataforma México; fortalecer las fiscalías estatales; homologar los salarios del personal de seguridad y custodia; y realizar esfuerzos para crear la Universidad de Seguridad Pública

 

“El fortalecimiento de la coordinación entre ambos gobiernos es urgente. Garantizar la seguridad es una obligación del Estado Mexicano, más allá de las diferencias entre los niveles de gobierno”, añadió Juárez Piña.

Con información de: Cámara de Diputados