La diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) interpuso un juicio de amparo indirecto contra la expedición, aprobación y publicación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Dicha solicitud, dijo, se suma a más de medio centenar de amparos interpuestos por diversos colectivos, tras la aprobación del decreto que incorpora la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de los cuales, la semana pasada, la jueza federal Karla María Macías Lovera concedió a la organización civil “Uniendo Caminos México” la primera suspensión provisional que impide transferir al Ejército, el control operativo y presupuestal de la GN.

En un comunicado, informó que este amparo fue presentado ante el juez de Distrito en turno en Materia Administrativa, tras acusar que fue violentado el proceso legislativo en su totalidad, a la vez que se incumplió el artículo 2º constitucional que garantiza la consulta previa, libre e informada hacia las comunidades originarias, además de diversos ordenamientos internacionales asumidos por el gobierno mexicano.

“En mi carácter de diputada federal y en defensa de los intereses de toda la colectividad indígena y afromexicana nacional, por propio derecho y con interés legítimo, exigimos que no se vulneren nuestros derechos y que en caso de decretar alguna ley que nos afecta directa o indirectamente en nuestras comunidades, se nos tome en cuenta y se nos consulte sobre si estamos de acuerdo o no, y qué podríamos proponer para incluir en ese proyecto legislativo”, indicó.

La solicitud de amparo, expuso Rafael Dircio, establece que se violan preceptos no sólo de la Constitución, sino del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.

Indicó que México es una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; no obstante, destacó en su solicitud de amparo que “no se realizó ningún tipo de consulta o intento por consensuar o buscar su consentimiento.

"El Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal decidieron aprobar tajantemente el decreto señalado, mismo que se reclama en su totalidad por su sola entrada en vigor, el cual no sólo afectará a todas las comunidades indígenas y afromexicanas, sino a toda la población en general”, subrayó.

El mencionado decreto, insistió la perredista, carece de un consentimiento derivado de una consulta previa, libre e informada, ya que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal tomaron una decisión unilateral, sobre un tema que afectará los derechos fundamentales, además de nuestras tierras y territorios.

Redacción