En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, juzgadoras, organizaciones de la sociedad civil y expertos mexicanos denunciaron las afectaciones que tendrá la reforma judicial en nuestro país.

Sobre todo la designación de las personas juzgadoras por voto popular.

“Hoy, la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes, se trastoca el equilibrio de poderes y con ello, los derechos fundamentales de todas las personas. Las principales preocupaciones en torno a esta reforma, son: primero, destitución masiva de personas juzgadoras; segundo, cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular; tercero, creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y cuarto, regresividad de derechos laborales”, explicó Juana Fuentes, directora Nacional de JUFED.

“Bajo el argumento de una supuesta democratización de la justicia y aprobada en procesos legislativos irregulares, la Reforma plantea riesgos que harán a la justicia menos eficiente, además de la independencia judicial de las personas juzgadoras y la autonomía de los poderes judiciales a nivel federal y estatal”, Marisol Méndez, representante de la Fundación para la Justicia.

“En un hecho sin precedente en la región, el estado mexicano desacatando sus obligaciones internacionales inició un proceso de destitución arbitraria de todas las juezas y jueces en el país, lo que constituye una violación masiva de derechos humanos” afirmó Claudia Elena Hurtado, jueza de distrito PJF.

Ante los comisionados e invitados especiales, entre ellos el ministro Javier Laynez Potisek, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie públicamente sobre la reforma al Poder Judicial de México.Representantes del Estado mexicano aseguraron que la reforma judicial no afecta la independencia judicial ni los derechos de los trabajadores de juzgados y tribunales.

Las y los comisionados manifestaron cuestionamientos, dudas y preocupaciones en torno a la reforma al Poder Judicial.“Mi juicio personal sobre esto es que esto es un ejemplo de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo” señaló Carlos Bernal Pulido, comisionado de la CIDH.

“La Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta situación, esta Reforma Judicial, por supuesto sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano” expresó la comisonada de la CIDH, Andrea Pochak.

Redacción