El acceso a la información sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, ha sido fundamental para que la sociedad vigile el actuar de autoridades e instituciones encargadas de investigar los hechos y exigir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a derechos humanos.

Por ello, a través de un comunicado, el INAN compartío las siguientes 6 resoluciones en las que el Instituto ordenó entregar información para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero:

1. La averiguación previa del caso Ayotzinapa. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) había reservado la información por un periodo de 12 años. Al considerar que se trataba de un caso de violaciones graves a los derechos humanos, el Pleno del Instituto, en febrero de 2015, determinó que se debía elaborar y entregar una versión pública de la averiguación previa. En febrero de 2022, el Pleno emitió una nueva resolución en la que ordenó entregar una versión pública de la averiguación previa actualizada.

2. Declaraciones de personal militar. La información fue reservada por la PGR con el argumento de que formaba parte de una averiguación previa y su difusión afectaría las actividades de investigación. El Pleno del INAI determinó que, por ser un asunto de violaciones graves a los derechos humanos, el acceso a la información garantiza el derecho a la verdad y ordenó entregar versiones públicas de las 36 declaraciones de militares involucrados en los hechos.

3. Informes de la Policía Federal. La entonces Policía Federal reservó los documentos de su actuación en el caso Ayotzinapa, argumentando que la información formaba parte de una averiguación previa y que su difusión pondría en riesgo las investigaciones. El INAI consideró que la sociedad debía conocer su participación en el caso y ordenó entregar versión pública de las bitácoras de servicios y de radio elaboradas por elementos de la Policía Federal en Guerrero, tarjetas informativas, parte de novedades, dictámenes técnicos e información sobre las personas puestas a disposición ante el Ministerio Público.

4. Órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República (FGR) se negó a entregar información sobre las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México, como esa autoridad dio a conocer a través de un comunicado de prensa. El INAI le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y entregar una versión pública de esas órdenes de aprehensión, precisando contra quiénes se giraron, qué delito se les imputó y el número de identificación.

5. Participación de buzos de la Secretaría de Marina. Como parte de las actuaciones para la investigación del caso, buzos de la Secretaría de Marina realizaron una búsqueda de los restos de los 43 estudiantes en el río San Juan, en Guerrero. Una persona solicitó conocer toda la información generada a partir de esa búsqueda: fechas, número de elementos que participaron, reportes y tarjetas informativas. La Secretaría de Marina respondió que la información era inexistente. El INAI advirtió que el personal de esa Secretaría tiene la obligación normativa de informar a sus superiores respecto de las actividades o eventos realizados y ordenó buscar y entregar los documentos.

6. Informe de Estados Unidos. La Oficina de la Presidencia de la República, en respuesta a una solicitud de información, señaló que no contaba con el expediente entregado por la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según lo informado en la conferencia de prensa matutina del 24 de mayo de 2021. El INAI ordenó hacer una nueva búsqueda de la información y entregar la versión pública del documento.

Redacción