El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública quien será el encargado de prevenir posibles conflictos de interés en el gobierno federal y anunció nueve acciones para combatir la corrupción.
En un mensaje en el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia Oficial de Los Pinos, donde presentó acciones ejecutivas para combatir la corrupción, el mandatario subrayó que su gobierno está comprometido con la legalidad y la transparencia.
Detalló que se trata de nueve acciones en las cuales se contará con el respaldo y experiencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la cual en breve las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública firmarán sendos acuerdos en materia de cooperación técnica.
La primera medida es para que a partir de mayo de este año, los funcionarios públicos entregarán junto con su declaración patrimonial una lista de posibles conflictos de interés o lo harán en el momento que consideren que este supuesto se pudiera presentar.
La segunda consiste en que la Secretaría de la Función Pública (SFP) creará una Unidad Especializada de Ética y Prevención de Conflictos de Interés que permeará en todos los comités de ética de las dependencias públicas.
Establecer reglas de integridad para el ejercicio de los funcionarios públicos, incluyendo un protocolo de actuación para cerrar márgenes a la discrecionalidad en la interpretación de las normas, es la tercera acción anunciada por el presidente.
Como cuarta acción ejecutiva se establecerán protocolos de contacto entre contratistas y funcionarios públicos encargados de decidir sobre contrataciones, vigencias y permisos otorgados por el gobierno federal.
La quinta medida consiste en que con plazo máximo de abril de este año, cada dependencia pública identifique y clasifique el nivel de responsabilidad pública de cada uno de los funcionarios que intervienen en las decisiones, mientras que la SFP integrará un directorio con los datos de todos ellos, además de certificarlos oficialmente.
La sexta acción anunciada se enfoca en acelerar la implementación de la ventanilla única federal a nivel nacional, para lo cual este mismo martes se publicará un decreto en donde se establecen los procedimientos para presentar documentación en formato digital a través del portal www.gob.mx
Con ello se busca disminuir el contacto entre los funcionarios públicos y los interesados en obtener contratos, lo cual cierra espacios a la corrupción, refirió el mandatario federal.
Como séptima acción ejecutiva se ampliará la lista pública de proveedores del gobierno federal sancionados por la administración pública, en la que se agregarán más detalles sobre las causas que dieron origen a la sanción.
También se ampliarán los mecanismos de colaboración con la iniciativa privada en el combate a la corrupción, mediante convenios específicos con las cámaras empresariales, de acuerdo con la octava acción ejecutiva.
La última línea consiste en que la SFP investigará si hubo o no conflicto de interés en la compra-venta de inmuebles a nombre del presidente Enrique Peña Nieto; de su esposa, Angélica Rivera; y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Los resultados de dichas investigaciones serán compartidas por la Secretaría de la Función Pública con reconocidos expertos en materia de transparencia para que los evalúen y decidan sobre los mismos.
El presidente Enrique Peña Nieto agregó que en el combate a la corrupción hay otras acciones que ya están en marcha como la reforma constitucional en materia de transparencia; la participación de México en la Alianza del Gobierno Abierto.
Así como la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y el Sistema Nacional Anticorrupción, que -confió- sea aprobado en el presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Antes de tomar protesta a Virgilio Andrade Martínez, el presidente Peña Nieto reconoció que pese a las acciones tomadas en los últimos años para combatir la corrupción México se mantiene en un nivel bajo en la percepción de la realidad de índices levantados por Transparencia Internacional.
Recordó que los conflictos de interés pueden ser reales, potenciales o aparentes y por ello es necesario que se establezcan las normas claras para darle confianza a los ciudadanos.
Aprovechó la ocasión para aclarar que en el caso de la percepción que se ha generado en torno a sus propiedades se trata únicamente de cuestiones aparentes, porque él siempre se ha conducido con apego a la normatividad.
El jefe del Ejecutivo Federal indicó que como presidente de la República no tiene ninguna participación en otorgamiento de contratos, adjudicación de obras públicas, ni en los comités se decide sobra obras públicas.
