La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra investigando a Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presunto fraude.
Sobre Álvarez Icaza pesa una denuncia por el delito de fraude por montos de un millón 250 mil dólares y 2 millones de dólares en perjuicio de la Federación.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, los peritos realizaron constantes traslados que no estaban relacionados con el caso Ayotzinapa, lo cual sirve como prueba en la investigación.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició la averiguación previa UEIDFF/FINIM17/123 por el caso.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, fue quien presentó la denuncia penal en contra de Álvarez Icaza que provocó la apertura del caso.
Ortega Sánchez resaltó el pasado 15 de marzo que las víctimas del engaño son el Gobierno federal y a quienes son contribuyentes mexicanos al fisco, además de que el monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Aseguró que los integrantes del GIEI deberían ayudar al Gobierno federal en la localización de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como aclarar los hechos criminales en Iguala.
“El Código Penal Federal en su artículo 386 tipifica como fraude la conducta antisocial que consiste en que alguien, engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”, detalló.
“A quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del Acuerdo para la incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos”, señaló el presidente del Consejo.
Ortega Sánchez dijo que el exombudsman nacional presionó para incluir la garantía de impunidad para los integrantes del GIEI.
Con información de Quadratín y La Razón
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