La Diputada Federal por Nuevo León, Lilia Olivares, expresó su enérgico rechazo a la decisión de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León, que anuló la inhabilitación de nueve meses impuesta a Alejandra Morales, ex candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de San Nicolás, señalada por abuso de funciones y violencia política de género. Esta sanción había sido previamente confirmada por la Sala Especializada del mismo tribunal, en un proceso en el que Olivares fue una de las principales afectadas.

Asimismo, destacó la conexión política de Morales, quien en 2021 formó parte de la planilla de la actual magistrada Ethel Maldonado, lo que incrementa la percepción de un conflicto de interés.

“Tampoco olvidemos la difusión de una fotografía en la que aparecen cuatro ex empleados del despacho jurídico de Samuel García y su padre, quienes ahora ocupan cargos en el TJA, incluido el actual magistrado presidente Roberto Rodríguez”, precisó.

Añadió que es indignante que una sanción ya establecida por abuso de funciones y violencia política de género se haya revocado, sobre todo cuando está en juego la integridad de nuestras instituciones y la justicia que merecen las mujeres víctimas de estos actos. “La revocación de esta sanción no solo manda un mensaje de impunidad, sino que deja al descubierto el conflicto de interés y los vínculos políticos que ensucian la independencia del Tribunal," señaló la diputada”.

Olivares subrayó que esta decisión siembra profundas dudas sobre la autonomía del TJA, que parece actuar en favor de los intereses cercanos al gobernador Samuel García. La revocación se da en un contexto en el que se han señalado claros vínculos entre figuras clave del Tribunal y el círculo político del gobernador y su padre, lo que refuerza la percepción de que se trata de un "Tribunal amigo" al servicio de Movimiento Ciudadano.

"Es preocupante que el Tribunal de Justicia Administrativa, que debería ser un bastión de imparcialidad, actúe bajo la sombra de un gobierno que manipula la justicia en beneficio propio. La revocación de esta sanción envía el mensaje de que los derechos de las mujeres y la integridad de la administración pública pueden ser pisoteados por intereses políticos", enfatizó la legisladora.

Olivares concluyó con un llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilantes ante estos atropellos a la justicia y exigió que el tribunal recupere su independencia, garantizando un proceso limpio y transparente. "No podemos permitir que se normalice la impunidad, mucho menos cuando está en juego la credibilidad de nuestras instituciones y el respeto a los derechos de las mujeres."

Redacción