A finales de la administración pasada, la Procuraduria General de la República decidió dar carpetazo a la investigación contra la empresa minera Buenavista del Cobre, por un desastre ambiental que ocurrio a causa suya en Sonora el pasado 2014.
De acuerdo con un expediente del caso, un agente del Ministerio Público Federal (MPF) autorizó el no ejercicio de la acción penal, dictada el pasado 3 de Julio de 2018.
Tras esta determinación, el sindicato Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, promovió un amparo para evitar el cierre de la investigación y se busque una justicia ante esos hechos.
Ante los hechos, el juez que conocía el caso decidió admitir el támite de demanda de garantías, al considerar que el sindicato no tiene carácter de víctrima y no deberia tener interés legitimo en la investgiación.
La situación hasta el momento ha llegado hasta oidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, buscará proponer un amparo a una asociación civil que busca una demanda colectiva por daño ambiental.
El grupo Defensa Colectiva, representa a campesinos y habitantes afectados por el derrame de 40 mil metros cñubicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Con información de Lopezdoriga.com
Redacción
