Con 74 votos en favor y 29 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana la cual sustentará una política administrativa para optimizar los recursos con que cuenta el Gobierno.

El dictamen devuelto a la Cámara de Diputados, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.

Con su aplicación se dijo, obtendrán ahorros que no generarán impactos presupuestarios negativos, ya que se haría una reasignación de recursos a fin de mejorar la distribución y calidad del gasto, ahorros que derivarán de diversos rubros.

Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Además, evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.

Con el nuevo ordenamiento quedan eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que se busca dar un trato equitativo entre todos los ciudadanos.

También limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo. Su cumplimiento tiene fines de utilidad pública y de servicio directo a la población para reducir el costo al erario federal.

Queda prohibido remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo, así como el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

Faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Púbica a emitir los lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.

Además, establece que ningún servidor público podrá disponer de seguridad personal de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos en la normativa que regule su actividad.

Los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Redacción