Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, advirtió ante el Pleno de la Cámara de Diputados que en ningún tema de su competencia la dependencia abdica de su obligación de vigilar a las y los servidores públicos, sobre todo de la administración actual, y enfatizó en que no hay protección para nadie.
Durante la sesión de preguntas y respuestas de su comparecencia ante el Pleno de los diputados por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, subrayó que, entre las acciones que lleva a cabo, la Función Pública procesa 12 denuncias en contra de 10 delegados federales de Programas Estatales para el Desarrollo, tanto de esta administración como de la pasada.
En respuesta a los planteamientos legislativos, subrayó, por ejemplo, que la Función Pública brinda acompañamiento a nueve programas sociales del Gobierno federal a través de la Contraloría Social mediante 86 estrategias, acordes con cada proyecto, en particular los de educación, salud y desarrollo social.
Refirió que actualmente se trabaja en más de 2 mil 400 municipios en la integración de los Comités de Integridad, conformados por más de medio millón de personas que coadyuvan en la vigilancia de obras y servicios.
En otro tema, indicó que, a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las adquisiciones públicas son responsabilidad compartida por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. La primera será responsable de las compras gubernamentales y sus sistemas, mientras que Función Pública conserva las facultades de control, inspección y vigilancia.
“Como establece la Constitución, la Función Pública ha vigilado que se garanticen las mejores condiciones técnicas y económicas para el Estado. Las compras han generado ahorros por más de 150 mil millones de pesos por mejores condiciones de precio”, dijo.
Abundó que se ha dicho que los contratos han privilegiado las adquisiciones por adjudicación directa, pero que este dato debe ponerse en contexto pues, si bien 80% de los contratos registrados por la Administración Pública Federal fueron por adjudicación directa, éstos solo representan 40% del monto de los contratos.
Con información de SFP
