Las encuestas en materia electoral deben ser reguladas y supervisadas ante las inconsistencias metodológicas y el "sospechosismo" de quien las costea, ya que en muchas ocasiones son utilizadas para fines publicitarios o propagandísticos, afirmó el diputado Rubén Moreira Valdez.

Al realizar un análisis en su programa sabatino “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, difundido por redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI adelantó que, ante las irregularidades de algunas casas encuestadoras que mediatizan estudios sin estar registradas ante el INE o sin hacerlas llegar a la autoridad electoral como debe ser, presentará una iniciativa.

“Tenemos que regular el tema de las encuestas, porque es un asunto de violencia electoral la manera arbitraria en la que operan para generar en una elección una opinión de triunfo o de derrota de un candidato", aseguró en un comunicado el líder congresista, quien estuvo acompañado en el programa por los analistas Miguel Ángel Sulub y Miguel Álvarez.

Coincidieron en señalar que en algunos casos son investigaciones “patito”, que generan una falsa percepción con la intención engañosa de incidir en la opinión pública, además de que sospechosamente las mismas encuestadoras dicen absorber los costos de los estudios.

Prueba de ello, indicó Moreira Valdez, es lo que pasó en la elección pasada del Estado de México, donde daban hasta 40 puntos de ventaja a Delfina Gómez, cuando la diferencia real de Alejandra del Moral, que se vio el día de la elección, fue de ocho por ciento, supuesta ventaja de la morenista que desincentivó el salir a votar el día de la elección.

El legislador cuestionó la seriedad de las encuestas telefónicas, ya que presentan costos en estudios que van de 11 mil a 170 mil pesos, de acuerdo con quien elabore ese trabajo.

Al respecto, el abogado y político Miguel Ángel Sulub puntualizó que conforme a la ley electoral, el INE, a través del Reglamento de Elecciones, establece algunos criterios para la realización de encuestas, y quien las elabora cuentan con cinco días, a partir de su difusión, para hacerlas llegar al Instituto, lo cual debe ser supervisado no sólo en la forma, sino en su contenido.

En su oportunidad, el politólogo Miguel Álvarez mencionó que en la pasada elección del Estado de México se utilizaron estas encuestas pagadas a modo para utilizarlas en los tiempos de Morena en radio y televisión, hecho que el PRI denunció, pero la autoridad electoral remitió el caso al Organismo Público Electoral del Edomex, quien nunca retiró los spots y atendió las quejas hasta después de que terminó el proceso electoral.

Redacción