Un grupo de docentes e investigadores en Derecho Constitucional, Derecho Constitucional Comparado y otras áreas de todo el mundo, presentaron un Amicus Curia relacionado con la Acción de Inconstitucionalidad 286/2024 y las consultas a trámite 4, 5, 6 y 7 de 2024, relacionadas con la Reforma al Poder Judicial.

En su escrito, explican que llegó el momento de que la Suprema Corte retome la discusión sobre el control constitucional de las reformas a la Carta Magna, tanto en la forma como en el fondo, con el fin de poner límites al Poder Reformador, y evitar con ello, ejercicios abusivos y espurios.

Argumentan que naciones como Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina y Perú han realizado este tipo de controles advirtiendo que, si bien el Poder Reformador puede reformar la Constitución, no la puede cambiar por otra.

Por lo que han declarado inválidas reformas a sus Constituciones que cambian su estructura básica o su identidad, que alteran la división de poderes o que atentan contra la independencia judicial.

Agregan, que resulta indispensable establecer un control de las reformas a la Carta Magna como garantía democrática para impedir el uso abusivo del Poder Reformador, para evitar que este poder afecte valores constitucionales básicos como la división de poderes, el Estado de derecho o derechos individuales como la dignidad humana.

Indican que no hay duda de que, la Reforma Judicial, se trata de un cambio que altera la estructura constitucional existente al atentar contra la división de poderes y la independencia judicial, al prever el cese de la totalidad de sus integrantes, que serán sustituidas por personas electas mediante voto popular, quienes serán supervisadas por un tribunal de disciplina.

Precisan que se trata de cambios mucho más radicales y definitivos, que varios que la Corte Constitucional de Colombia ha invalidado por considerar que no reforma, sino que sustituye a la Constitución.

Redacción