Se identificaron 28 guacamayas verdes (Ara militaris) coadyuvando así con la Fiscalía General de la República (FGR).
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coadyuvancia con la Agencia del Ministerio Público de Mazatlán, Sinaloa, realizó dictamen pericial en materia de vida silvestre, para identificar 28 guacamayas verdes (Ara militaris) adultas aseguradas en el punto de revisión carretero en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.
Las aves eran transportadas en un autobús de pasajeros donde ante la flagrancia de la posesión y transporte fueron asegurados aves y camión, además de realizarse la detención del chofer de la unidad.
Las guacamayas venían confinadas en 7 cajas de cartón, contenidas en grupos de 4 ejemplares por caja; completamente hacinadas y estresadas, con nulo espacio de movilización, sin contar con la documentación que acredite la legal procedencia de dichos ejemplares.
Debido a las malas condiciones en que eran transportadas 5 ejemplares fallecieron, logrando sobrevivir 23. Durante la valoración física que se les realizó se pudo observar que presentaban mutilación de plumas primarias, realizadas con tijeras o herramientas de corte.
Con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de los ejemplares, fueron trasladas a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) “Acuario Mazatlán”, el cual cuenta con un hospital veterinario donde reciben el manejo y tratamiento correspondiente.
En el dictamen técnico pericial se estableció la recomendación ante la fiscalía de una vez estabilizados físicamente los ejemplares, puedan ser trasladados a la UMA “Nuestra Señora”, ubicada en la zona serrana del municipio de Cosalá, Sinaloa, que cuenta con las condiciones naturales del ecosistema propio de esta ave.
La UMA cumple con los lineamientos legales como tener plan de manejo autorizado, para la reintroducción de ejemplares a su hábitat o medio ambiente.
La guacamaya verde (Ara militaris), se encuentra como especie en la categoría de en peligro de Extinción (P) de acuerdo a la norma oficial mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010 y está en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés), tratado internacional del que México forma parte.
La venta, captura, posesión, transporte o acopio ilegal de psitácidos (pericos o loros de distribución nacional), podrían configurar delitos federales que puede ser sancionado con uno a nueve años de prisión y entre 300 y 3,000 Unidades de Medida y Actualización como multa, de acuerdo al Código Penal Federal.
Con información de PROFEPA.
Imagen de PROFEPA.
