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La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal Disciplinario y un Órgano Administrativo, carece de un diagnóstico y diseño funcional que generará dispendio de recursos e impactará en la justicia social que hoy México reclama, afirmó la consejera Lilia Mónica López Benítez.

Al participar en el quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial que busca realizar Morena y partidos satélites, alertó que el Tribunal de Disciplina será un órgano inquisitorio y de persecución, que atenta contra la independencia judicial, además de que constituye una instancia terminal, lo que deja en estado de indefensión a las personas juzgadoras.

Subrayó que transformar al CJF en un Tribunal de Disciplina y en un Órgano de Administración, “se perderá integralidad en las determinaciones, cohesión de información y gobernanza, además de convertirse en un órgano inquisitorio y de persecución”.

En su oportunidad, la magistrada María Emilia Molina de la Puente, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, dijo que es falso que las y los juzgadores federales liberen delincuentes: “Quienes no cumplen con sus obligaciones legales son las fiscalías”.

Por eso, añadió la Magistrada, se requiere una reforma no sólo de los Poderes Judiciales, sino del sistema de justicia en general, que sea estructural, seria, responsable, sin prisas ni sesgos”.

En tanto, la magistrada Nadia Villanueva Vázquez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con residencia en Xalapa, Veracruz, negó que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sean corruptos, y detalló que todas las sanciones impuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas desde la página del CJF.

Por su parte, la magistrada Selina Avante Juárez, integrante de Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, indicó que las personas juzgadoras federales trabajan por los derechos humanos de todos y que el PJF ha sido reconocido por tutelar los derechos de mujeres embarazadas, de mujeres sometidas a violencia; de niños, de adultos mayores, grupos sociales en pobreza extrema, de la comunidad lésbico gay, de los matrimonios del mismo sexo, y la autodeterminación, entre otros.

A su vez, la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, titular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF, rechazó que no se investigue a las personas juzgadoras, y aclaró que muchas quejas se desechan por varios factores, uno de ellos es la falsa creencia de que a través de la queja administrativa se puede modificar o revocar una decisión jurisdiccional, lo cual es inexacto, puesto que el procedimiento disciplinario no puede tener ninguna influencia en el procedimiento jurisdiccional.

Redacción