México registra sobrepoblación en cárceles de aproximadamente 25 por ciento de manera continuada durante los últimos diez años, y es en el la capital, la Ciudad de México, el lugar donde se registran los mayores problemas de hacinamiento en las prisiones.
La tarde de este miércoles, Ruth Villanueva, la visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apuntó que “hay una grave crisis en las prisiones mexicanas”, durante la presentación de un análisis puntual sobre el tema.
Según su informe, 28 de los 388 centros penales del país registran sobrepoblación de más del 40%, situación que es calificada por las autoridades como “riesgo crítico”.
Incluso hay penales donde se registra un cien por ciento de sobrepoblación.
El análisis detalla que en otros 20 centros penales se registra una sobrepoblación de más del 20% de la capacidad para la que están preparados y especifica que, en el caso del Distrito Federal, hay tres reclusorios diseñados para mil 200 reos con una capacidad ya ampliada a seis mil personas, pero que en la actualidad albergan a 13 mil internos.
Además, uno de cada cuatro del total de 254 mil prisioneros encerrados en el sistema penitenciario, no cuenta con un espacio óptimo de habitabilidad. Es decir, no cuentan con cama dónde dormir, ni ningún espacio donde pueda tener alguna comodidad, y ni hablar de espacios limpios.
“La sobrepoblación lleva a la ingobernabilidad y ésta, a su vez, al autogobierno. Hay falta de personal y el personal no siempre está capacitado. Es el caldo de cultivo perfecto para que sean los presos quienes marcan su propia normatividad”, dijo Villanueva.
El informe recoge que el autogobierno se registra en 76 centros penales. “Y eso es muy grave”.
Otro de los principales problemas que denuncia la Comisión es que el estado de salud en el interior de los penales es “un derecho muy mermado”.
“Los privados de libertad no son atendidos. No hay medicamentos, hay carencia de médicos generales, no digamos de especialistas”, detalló la funcionaria. Villanueva también criticó el sistema actual de penas, largas y acumuladas de hasta más de un siglo. “La gente va a envejecer y morir en prisión y eso requiere atención geriátrica además de que va en contra del principio de reinserción social recogido en la constitución”.
La Comisión criticó que, en un contexto en el que la mitad de los prisioneros lo son en calidad de procesados, no cuentan con una condena en su contra, no se cumple la separación de ambos tipos de presos.
También se detalló que no se cumple la separación por sexos, por tercera edad, por población indígena ni por condición ni antecedentes ni peligrosidad de delincuentes.
También señaló que la calidad y cantidad de los alimentos no son los adecuados y muchas veces es la familia quien debe correr con los gastos.
