La diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, llamó a las y los senadores de la República a aprobar esta última semana de actividades del segundo período ordinario la “Ley 3 de 3 contra la violencia”.

La legisladora recordó que estas reformas fueron avaladas por la Cámara de Diputados el pasado 30 de marzo, con el propósito de evitar que agresores o deudores alimentarios sean servidores públicos.

“Nos sumamos a esta exigencia que se hace por parte de las y los diputados para que dejemos de lado el patriarcado. Aquí estamos, desde el Grupo Parlamentario del PRD hasta que la justicia en este país se haga costumbre para todos y para todas”, asentó en un comunicado.

Por otro lado, expuso que expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa mejorar el acceso a la “justicia cotidiana”, bajo una visión con perspectiva de género y apego total a los derechos humanos.

“Estamos hablando del acceso a la justicia digital, de la homogenización de plazos y procesos a nivel nacional, la implementación de un sistema de ejecución de sentencias breve por audiencias; se prepondera el principio de igualdad entre las partes, y no discriminación durante todas las etapas del juicio”, detalló.

“Cuando se trate de personas con discapacidad, ejemplificó, se adopta el ‘modelo social’ dejando a un lado los juicios de interdictos, debido a que fueron declarados inconstitucionales”.

Se obliga a juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, bajo la óptica de proteger y garantizar los derechos de la infancia, y se destaca en materia de “separación de personas”, garantizar la seguridad e integridad de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

A su vez, explicó, se implementa la “justicia técnica y especializada” en casos que involucren derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Es nuestro compromiso con las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia, que la autoridad jurisdiccional debe adquirir oficiosamente, pruebas para adoptar medidas provisionales de protección inmediatas; mientras que, en el caso de pueblos y personas de comunidades indígenas y afromexicanas, se deberán considerar sus usos y costumbres”.

Dijo tener confianza en que las y los jueces, así como todas las personas que integran el Poder Judicial, actuarán con la mayor diligencia para avanzar en el cumplimiento de la ley, y regresar a la ciudadanía la convicción de que el sistema legal puede ser eficaz y efectivo.

Redacción