La diputada Mónica Almeida López (PRD) afirmó que el Gobierno Federal, a pesar de su discurso de combate a la corrupción, se ha convertido en uno de principales promotores de ésta al entregar contratos por adjudicación directa para los mega proyectos presidenciales.
En un comunicado, la legisladora federal por Jalisco calificó esa acción como incongruente, "se tiene que evitar el trato preferencial a personas que integran el círculo cercano del Ejecutivo Federal".
Consideró necesario que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para combatir la corrupción sean usados para desarrollar acciones concretas y lograr dicho fin.
“Se debe pasar del discurso del combate a la corrupción, a las acciones concretas, es necesario que los recursos económicos asignados por las instituciones que conforman la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se destinen verdaderamente en acciones de combate y prevención de este tipo de conductas, y no sólo al pago de salarios”, comentó.
Explicó que si bien en el PEF 2021 se estableció el Anexo Transversal Anticorrupción, en la revisión de los mismos se puede apreciar que el gasto destinado al tema anticorrupción en los que participan varias dependencias, no todo el presupuesto de las siete instituciones del SNA se destina a acciones al combate a la corrupción, y no todos los recursos que buscan enfrentar a la corrupción son ejercidos por estas instituciones.
Con el Anexo Transversal Anticorrupción se destinará para el año 2021 una bolsa de recursos del orden de 3.3 mil millones de pesos, lo que equivale al 4.6% de la bolsa de recursos del presupuesto total de las siete instituciones (mdp) del SNA, que ronda los 71.9 mdp. Sin embargo, cabe hacer mención que la Auditoría Superior de la Federación no integra recursos, lo cual es contrario a la metodología propuesta por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Los recursos asignados, por parte de la mayoría en la Cámara de Diputados, distan mucho del discurso del combate a la corrupción, por lo cual debemos tener mayor atención al gasto que realicen las instituciones, con la premisa de someter a los diferentes actores a la rendición de cuentas, así como a la fiscalización”, agregó.
El SNA fue creado con la finalidad de establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno. De esta forma se estableció una Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que se conforma por: Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
