El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que impulsa una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, para eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, dejando únicamente la justificada.

En un comunicado, el legislador aseveró que con dicha modificación se busca garantizar el respeto a los derechos humanos de cualquier persona sujeta a un proceso, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Expuso que, además, se dejaría de utilizar este recurso legal de manera automática y obligaría a la persona titular de la Fiscalía a analizar los casos y valorar la situación de la persona imputada para determinar si existe o no una necesidad real de su imposición.

Precisó que la iniciativa propone que ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.

Apuntó que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, investigación, protección de la víctima o de los testigos, así como cuando esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

“Actualmente el uso sistemático de la prisión preventiva se ha transformado en una violación a los principios fundamentales del sistema penal, porque la autoridad en lugar de investigar y obtener pruebas para establecer la posible responsabilidad de una persona, la utiliza olvidándose del caso y sometiéndola a la pena anticipada”, argumentó el legislador priista.

Indicó que esto ha originado un incremento considerable en el número total de tipos penales sujetos a prisión preventiva, “se estima que existen 225 mil 628 personas privadas de su libertad, de éstas 93 mil 227 no han sido todavía condenadas por un delito”. 

Recalcó que la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008 dejó atrás el sistema mixto para introducir uno de corte acusatorio. 

Recordó que el principio de presunción de inocencia en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador. Por ello, Mendoza Bustamante recomendó que la prisión preventiva debe ser vista como algo excepcional, donde las personas puedan llevar su proceso bajo medidas cautelares, que no afecte su entorno de manera grave, salvo que sea necesario.

Redacción