¿Qué propicia que una sociedad no sólo encubra a delincuentes sino incluso se convierta en su cómplice y arriesguen su libertad y la de cientos de familias por proteger actividades ilícitas? Seguramente hay distintas razones, pero la miseria propiciado por la falta de ingresos que se vive en comunidades poblanas ha llevado a actuar de esa forma a vecinos que antes estuvieron de lado de la ley.

La historia que ya conocemos se repitió ayer a unos cuántos kilómetros del zócalo de la Ciudad de Puebla, la madrugada de este miércoles dos policías municipales fueron desarmados y retenidos por un grupo en la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec.

Las versiones oficiales señalan que elementos de la Policía Estatal aseguraron una pipa con reporte de robo que presuntamente era utilizada para transportar combustible robado.

Los habitantes se inconformaron y retuvieron a los uniformados de la patrulla P-408 cuando circulaban sobre la calle 5 de Mayo y esquina Tercera de Ocotal. Tras conocer de los hechos, elementos de corporaciones policiacas fueron movilizados para auxiliar a los uniformados, quienes fueron localizados tres horas después en una barranca que se encuentra en los límites de Puebla y Amozoc.

Los policías fueron golpeados y a la patrulla le rociaron gasolina, sin que hasta el cierre de este espacio hayan reportado detenidos por estos graves hechos.

Tras la privación ilegal de la libertad de los dos policías municipales en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, aceptó que es parte de una realidad que se padece en Puebla.

“Se recuperaron a los dos elementos, y se va a actuar al establecerse la carpeta de investigación por parte de las autoridades federales por el robo de combustible y del fuero común por el intento de secuestro”, declaró el funcionario responsable de la gobernabilidad del estado, pero esta no es la primera vez que las poblaciones están de lado de los huachicoleros y rechazan de forma agresiva la intervención de policías y militares.

La escena se repite en el estado de Puebla y está vinculada al robo de combustible que no han podido detener los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobiernos, las fuerzas armadas e incluso el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que está auditando estaciones de servicio ante la sospecha de que venden combustibles robados.

Los reportes de seguridad establecen que los huchicoleros en los distintos municipios y comunidades donde actúan generaron una red con la sociedad, a la cual involucran con el delito. Lo mismo en la ordeña de los ductos, en el trasiego del producto y como vigilantes para evitar que los operativos de Seguridad Pública los detengan.

Les pagan 4 pesos por litro de gasolina o diésel robado y ese se convierte en su ingreso familiar mensual que es mucho más de lo que les pagan como jornaleros en el campo poblano.

Por primera vez, un alto funcionario como Diódoro Carrasco aceptó que hay una revisión y actualización de los protocolos de las autoridades municipales que sienten algún tipo de amenazas, situación que se viven en municipios del interior, pero ahora sabemos que los delincuentes dedicados al robo de hidrocarburos y sus amenazas están ya instalados en la capital.

“Se actualiza la actuación de los cuerpos públicos y autoridades municipales ante amenazas de linchamiento y uno más que tiene que ver con la actuación violenta de los grupos que defienden a los huachicoleros”.

Insistió que el gobierno del estado actualiza los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad y de los ayuntamientos contra el crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos.

Declaró que los delincuentes siguen captando a grupos de ciudadanos, “a quienes incitan para que puedan continuar con sus actividades ilícitas”.

No se puede ignorar que con golpes severos fueron localizados en una barranca el par de policías privados de su libertad por una turba en Santa María Xonacatepec.

Como tampoco es casual la respuesta violenta de los vecinos por el decomiso de una pipa usada para el trasiego del combustible robado. La unidad contaba con reporte de robo.

La multitud echó a los policías golpeados a la barranca y abandonó la patrulla. Los cuerpos de seguridad aseguraron más tarde una Voyager color gris, con placas TZL 2700 de Puebla, que estaba abandonada a la entrada a la junta auxiliar, y que supuestamente se utilizó para trasladar a los policías, quienes fueron despojados de sus armas de cargo.

El asunto es criminal y se debe perseguir, pero hay otras motivaciones que están propiciando que comunidades completas “trabajen” a favor y con los delincuentes. Hay ejemplos de que esta relación de complicidad opera exitosamente en estados como Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

Es hora de llevar ante la Justicia a los responsables, pero también de revisar las políticas públicas y generar oportunidades y empleos mejor remunerados para esas familias, que hoy ante la miseria que padecen eligieron respaldar al bando del crimen organizado y lo que sucedió ayer es un nítido ejemplo de ello.

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Imagen de: Periódico am