El martes pasado el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González, recibió a los empresarios poblanos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y ante ellos reconoció lo que sospechábamos el resto de los mexicanos, la colusión en el robo de hidrocarburo de los ductos de Pemex de personal y directivos de la propia empresa.
Finalmente tuvo que aceptar lo que era una verdad, la cual los altos funcionarios de la petrolera por años insistieron en negar, que detrás de la ordeña de combustible hay mano calificada de Pemex.
Ahora que el gobierno federal decidió llevar adelante una guerra contra el crimen dedicado al huachicol, se han llevado a cabo investigaciones de la misma empresa que confirman que sus técnicos en activo o personal que fue capacitado por la compañía “colaboran en el robo de hidrocarburos”. El diario Reforma que lleva a cabo una investigación sobre la venta de combustible robado, especialmente diesel, en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ha demostrado que lo despachan a plena luz del día e incluso frente a la mirada de policías y militares, señaló en su edición de este martes: “Entre los involucrados hay empleados que saben medir la presión del combustible en los ductos y colocar válvulas, además de que conocen el funcionamiento de las terminales de almacenamiento y reparto”. Puebla no es la única entidad del país donde se padece este criminal delito, que ahora involucra a familias y pueblos completos y genera millones de dólares cada año. Guanajuato, Veracruz, Pachuca, Tlaxcala, Estado de México, Coahuila y Tamaulipas son entidades donde también se lleva a cabo esta práctica ilegal. “Se presume la existencia de algunos trabajadores de Pemex y autoridades de los tres órdenes de gobierno que participan en el mercado ilícito de combustibles”, reconoció Pemex en una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Esto genera pérdidas y pone en riesgo las instalaciones productivas, a la población y el medio ambiente”.
Las bandas dedicadas al robo de combustible que operan en el estado de Puebla, conocidos como huachicoleros, obtienen aproximadamente utilidades de mil 600 millones de pesos al mes, por lo que se convirtió en una de las actividades que más recursos aportan a la delincuencia organizada.
En mayo pasado, fuentes oficiales revelaron que el robo de combustible no se limita a la zona conocida como Triángulo Rojo, sino que se amplió a 27 municipios más, y que hay cerca de mil 881 conexiones ilegales sólo en el poliducto Minatitlán.
En el “negocio” del robo de combustible también participan niños, que reciben hasta 12 mil pesos al mes, por “echar aguas” para que operen los huachicoleros, se les conoce como halcones que abandonan las escuelas por sumarse a las bandas criminales. “Jorge Salcido, ex superintendente de Operaciones de la Zona Norte para Pemex, a quien le tocó combatir a grupos criminales como Los Zetas en Coahuila, reconoció que dentro de la compañía hay personal que no tiene interés en frenar la ordeña. “En Saltillo, rumbo a Torreón, nos encontramos con una toma clandestina, encontramos cinco tanques enterrados, más de 300 mil litros de gasolina y diesel”, apuntó el reporte de Reforma. “Sin embargo, el administrador de la terminal de almacenamiento y reparto de Gómez Palacio decía que no tenía faltante. Así no era posible combatir la ordeña”. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros señalaron que el crimen organizado opera con la complicidad de funcionarios de la empresa en la ordeña a los ductos. En la auditoría que se reportó, en 2011-2016, el número de tomas pasó de mil 323 a 6 mil 537, en un periodo corto representan 394 por ciento más.
“La Gerencia de Gestión Técnica, adscrita a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, señaló, sin proporcionar la evidencia, que esto (el aumento en la ordeña) se debió a que se cancelaron programas y proyectos de seguridad por ajustes presupuestales”, se indica en la auditoría publicada ayer.
No es casualidad que el director general de Pemex reconozca que personal de la empresa que encabeza estén coludidos y aunque no lo dijo, tampoco descartó que haya funcionarios involucrados, que lo más probable es que sean parte de las bandas de huachicoleros.
Solo hasta ahora que el problema creció y se convirtió en un tema de seguridad nacional, por las advertencias de las empresas petroleras extranjeras que entrarán al país para instalar gasolineras es que el gobierno mexicano revisa un grave delito que sangra desde hace años el patrimonio de la nación.
La pésima administración de Pemex empieza por permitir que los delincuentes sean parte de la misma institución y lo que aún falta por descubrir, porque si hay trabajadores y funcionarios coludidos, el sindicato y sus líderes también están involucrados. De ese tamaño.
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