A 327 días de las elecciones de 2018, los priistas vivirán una semana vertiginosa que concluirá con definiciones en la sesión plenaria de su Asamblea XXII el próximo sábado en la Ciudad de México.
Sabremos los mexicanos si prevalece la voluntad del Presidente en la elección del candidato de su partido a sucederlo o en un ejercicio de apertura dejan que sea un proceso de consulta a las bases, como están demandado distintos grupos al interior del Partido Revolucionario Institucional.
Por el momento los peñistas representados por Enrique Ochoa Reza, como presidente del PRI, insisten en corto y en privado que el partido se abra a la propuesta de candidatos ciudadanos para elecciones próximas, lo que permite las posibilidades de designar, con el cambio de estatutos, a candidatos sin militancia ni antecedentes en ese partido.
En un interesante reportaje de la Revista de Reforma, Claudia Guerrero advierte de las posibilidades de que el PRI viva un choque, concretamente en Campeche donde sesionará la mesa de Estatutos.
Por lo pronto hay cuatro expresiones disidentes que se preparan para dar la pelea y exigir la consulta a la base como método para elegir a los candidatos de 2018, incluido el presidencial y los nueve a gobernador. En el análisis, los escenarios van desde acalorados debates, pero sin consigna; hasta el muy conocido mayoriteo con delegados representantes de los gobernadores y la estructura federal, o la confrontación abierta que obligue a la suspensión de los trabajos.
“Los militantes están muy molestos, la de Estatutos es una pequeña mesa que puede convertirse en un gran problema.
Ojalá que la dirigencia sea sensible y que no provoque a una militancia que ya ve las cosas enrarecidas”, advirtió Ivonne Ortega, ex secretaria general del PRI y actualmente una de las voces disidentes cuando en sus años de gobernadora de Yucatán fue de las más fieles seguidoras del Presidente Peña Nieto.
En coincidencia con José Encarnación Alfaro, ex secretario de Organización del PRI en la presidencia de Luis Donaldo Colosio, la yucateca condenó que permitan a organismos secundarios, como el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (lcadep) y a la Fundación Colosio -presidida por el oaxaqueño José Murat, operador de Peña Nieto-, acreditar a más delegados que los propios sectores del PRI.
“El Icadep y la Fundación no tienen militantes registrados. Con esto denostan a la militancia, ¿cómo puede estar acreditado como delegado alguien que ni siquiera es cuadro del partido? “Mientras cada sector tiene 20 delegados, el Icadep y la Fundación tienen 50 delegados asegurados en cada mesa”, critica Alfaro, de Alianza Generacional.
Los priistas advierten sobre el control que tendrán los gobernadores en los debates, ya que no sólo aprobaron las listas de quienes participan en la discusión, sino que las mesas serán instaladas en Campeche, Coahuila, Jalisco, Estado de México y Sinaloa.
“Deduzco que las hicieron en esos estados porque son controlados por los gobernadores del PRI”, advirtió Ortega. “Los gobernadores llevan sus delegaciones y fueron los que hicieron sus listas. Espero que los delegados se quiten la pesadez de la línea y que voten en conciencia aunque estén ahí sus gobernadores o sus dirigentes nacionales. Ojalá sea una discusión civilizada, aunque hay algunos a los que todavía les pesa la línea”, señala el ex gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, quien sabe del control férreo al que someten a sus enviados.
Los inconformes reconocen que la cúpula priista puede convertir la XXII Asamblea en un mero trámite, al realizar ajustes a los Estatutos, para evitar inconformidades y posponer la definición del 2018. Comentaron que dirigentes como el propio Ochoa Reza, la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu; el líder del Sector Popular, Arturo Zamora, y el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, han reiterado que los documentos vigentes ya contemplan como método de elección la consulta a la base, por lo que no es necesaria una reforma, aunque no en el caso del candidato presidencial y si el de los gobernadores y presidentes municipales.
En reuniones, foros y entrevistas, adelantaron que el momento para la definición del candidato presidencial no será la Asamblea, sino un Consejo Político Nacional que aprobará el método con el que será seleccionado. “En la polémica por el candado de 10 años de militancia para el candidato presidencial, Camacho incluso ha dicho que la exigencia es sólo para quien está en las filas del PRI y no para los externos o simpatizantes, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. “Esos requisitos de los 10 años son para los militantes, de suerte que si alguien tiene interés en participar y no es militante, no está en la hipótesis y, en consecuencia, ese requisito no tendrá que ser cumplido. Si la opción apunta en otra dirección (un externo), ese no es un requisito por cumplir”, insistió el coordinador parlamentario del PRI el pasado 25 de julio en entrevista.
Los priistas van en busca de definiciones en la selección de su candidato presidencial, lo que redundará en la forma que seleccionen a sus candidatos a gobernadores, presidentes municipales y legisladores.
Esta será una semana tricolor, al final sabremos si Peña Nieto impone su voluntad o acepta los tiempos de cambios. Al final veremos si los priistas son institucionales o revolucionarios.
¿Se impondrá la línea?
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