Columna "DESDE EL CUARTO DE GUERRA".

Por Rafael Quiroz Corona, Consultor en Comunicación e imagen pública.

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior me ha dejado una profunda duda y angustia porque ha evidenciado la nula probabilidad de que los ciudadanos seamos considerados por quienes nos gobiernan.

No hay mecanismos auténticos que frente a temas tan delicados los ciudadanos podamos expresar nuestro sentir, avalar o rechazar una iniciativa de ley o decisión publica con esos alcances.

Mientras lo pienso siento una gran impotencia, porque a pesar del rechazo popular estas medidas terminan por imponerse.

No hay protesta, manifestación o recaudación de firmas que lo impida.

Basta con cambiar de sede o generar un bloqueo policiaco para legalizar o ejecutar una ley o política pública.

No hay oposición suficiente que pueda detener las amenazas que algunas leyes representan para los ciudadanos.

Los acuerdos y compromisos de los legisladores impiden un ejercicio libre y consciente de su voto, porque al final forman parte de los grupos de poder que permiten la sobrevivencia del "sistema".

En otros países con un gran desarrollo y nivel de vida, como es el caso de Holanda o Suiza, la dinámica es al revés. Son los legisladores o la clase política la que se acerca a los ciudadanos para rendirles cuentas o consultarlos sobre su percepción u opinión sobre los temas públicos, así las decisiones políticas y legislativas son consecuencia de un consenso con los gobernados.

En el caso de México, se ha aprobado una ley que causa inquietud e incertidumbre.

La Ley de Seguridad Interior nos ha dejado vulnerables frente a la acción del gobierno.

Con ella se abre la puerta al Autoritarismo pleno, porque basta una orden del poder ejecutivo para crear un ambiente de excepción en cualquier parte del país. Es decir que puede movilizarse a las fuerzas de seguridad a la menor provocación o sospecha de alteración o protesta social, y aunque nos juren que no sucederá la tentación es grande.

Lo extraño es que dicha situación estaba prevista en la Constitución pero requería de un procedimiento más complejo que incluía la aprobación de las dos terceras partes del Congreso.

Con el pretexto de combatir al crimen organizado se otorgan facultades extraordinarias al ejecutivo y a las fuerzas armadas para intervenir a su antojo en cualquier zona del territorio mexicano, aunque con ello corremos el riesgo de que se pisoteen los derechos humanos y constitucionales que tenemos como mexicanos.

Hoy el estado de excepción puede ser una regla y no la excepción y ese es el temor de todos aquellos que hemos visto cómo frente a nuestras narices se autoriza tantas concesiones al poder público.

Más allá de la coyuntura electoral el hecho es que nos hace más vulnerables frente al ejercicio de poder porque a partir de la publicación de esta ley estaremos sometidos a la voluntad de quién nos gobierne, en este o futuros gobiernos.

Y la conclusión para mí es que hemos llegado a un sistema político en el que lo que menos importa es la decisión o voluntad de los ciudadanos.

Y nos hemos quedado tan indefensos que hoy más que nunca es vigente la expresión del Chapulín Colorado: ¿Y ahora, quien podrá defendernos?

Imagen de: Facebook: Rafa Quiróz