La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. 

Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad.
Aunque no puede hablarse de México como un «Estado fallido», las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema.

Nos comenta Raul Benitez Manaut en su libro:” La crisis de seguridad en Mexico”.

Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA indicando que México es un «Estado fallido», fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la auto protección.

Una de las razones que explican esta grave situación es que la transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la medida en que ya golpea la gobernabilidad y estabilidad social y política. El crimen organizado, que antes era un poder paralelo y oculto, ha ampliado su radio de acción, con una descarnada lucha de poder entre los carteles, y se ha lanzado a la ofensiva contra el Estado y la sociedad.

La inseguridad se vive con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad: por ejemplo, la emigración masiva de población hacia Estados Unidos incluye la trata de personas, una actividad de crimen organizado que, a su vez, repercute en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Al mismo tiempo, crece la transnacionalización del crimen, por ejemplo el tráfico de armas desde EEUU o la emergencia del fenómeno de las maras, que provienen de América Central y California.

Y es que el crimen común es la principal amenaza que la población mexicana siente en carne propia, en todos los estratos sociales. Las fuerzas de seguridad no logran reducir los índices de delito. Los cuerpos policiales son  acosados por los políticos que los conducen y les exigen eficiencia; por la población, que exige el fin de la corrupción, y por los carteles, que los buscan para que trabajen para ellos. Todo esto ha generado una realidad dramática que ha hecho que los militares comiencen a encargarse del trabajo de la policía. A inicios de 2009, casi la mitad de los cuerpos policiales estatales eran conducidos por militares, sin que ello haya demostrado una mayor eficiencia en la reducción del delito.

Uno de los principales debates relacionados con el combate contra el delito y la inseguridad pública gira en torno de la participación de los militares. A diferencia de lo que ocurre con la policía, la población tiene una elevada confianza en las Fuerzas Armadas. Después de las universidades, son las instituciones que generan más confianza en México.La dispersión de las fuerzas de seguridad es clara. Según el actual secretario de Seguridad Pública, hoy existen en México 1.661 corporaciones policiales. En 2008 existían casi 340.000 policías distribuidos entre policías municipales, estatales y federales. De ellos, muchos son militares. Cuando se inició el gobierno de Vicente Fox, en 2000, casi la mitad de la Policía Judicial Federal (PJF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), estaba conformada por militares.

Las cifras no son pequeñas y el problema tampoco lo es , y no promete terminar pronto, es ponderante desarollar estrategias mas efectivas para el combate a la seguridad en México

Por otro lado, casi 80% de las estructuras de la PGR se dedican al combate contra el narcotráfico. Entre las más importantes se encuentran la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (la principal institución que realiza inteligencia en la PGR) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. En el caso de las Fuerzas Armadas, de sus casi 250.000 hombres, unos 40.000 realizan labores contra el narcotráfico de forma permanente.

El enorme esfuerzo que las estructuras del Estado dedican al combate contra el narcotráfico se explica, como ya se señaló, por la expansión de esta actividad en los últimos años.

Las nuevas amenazas a la seguridad de México representan un grave riesgo para la gobernabilidad y la democracia. Por la debilidad de las estructuras institucionales, es cada vez más frecuente emplear a las Fuerzas Armadas para enfrentar estos retos. Esto es evidente en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico, los desastres naturales y hasta los problemas ambientales. Ello obstaculiza la evolución «normal» de las estructuras civiles del Estado y prolonga el poder político de los militares. Las Fuerzas Armadas mexicanas contrastan con las de la gran mayoría de los países del hemisferio debido a la ausencia de una reforma democrática. Por ello, la reforma del Estado debería incluir un esfuerzo para profesionalizar y dotar de recursos a los cuerpos policiales, las estructuras de inteligencia, los sistemas de justicia y de prevención civil, de modo que las fuerzas militares sean solo un recurso de última instancia.

Lesly Cano Miranda