La inseguridad y la corrupción son hoy los dos temas más importantes de la agenda pública en México. La falta de seguridad la padecemos millones y genera una percepción mayoritaria de temor en todos los sectores y niveles de la sociedad.
En la segunda, cómo no preocuparnos si nos cuesta 14 por ciento del ingreso familiar y casi habíamos llegado a acostumbrarnos hasta conocer de los miles de millones de pesos que se roban gobernadores con la complacencia y la tolerancia de otras autoridades.
Tan grave ha llegado a ser el problema de la corrupción que han tenido que actuar y hay más de cinco ex mandatarios estatales encarcelados y otros enfrentan órdenes de aprehensión e investigaciones.
Seguramente pueden ser más políticos los involucrados y coludidos con la malversación de fondos públicos o de plano con la delincuencia organizada, como en el caso de los presidentes municipales poblanos de Palmar de Bravo y Atzitzintla detenidos por ser parte de las bandas de huachicoleros.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ubicó recientemente, por tercer año consecutivo, a México como un país corrupto, tanto en el sector público como en el privado.
Consideran que es común el pago de sobornos a funcionarios del gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes como el desvío de fondos públicos a empresas de forma ilícita.
“A pesar de que la corrupción del sector público y privado se puede encontrar en muchos países, la colaboración de actores gubernamentales con organizaciones criminales (a menudo derivados de intimidación o amenazas) presenta serios retos para el Estado de Derecho en México”, se explica en el texto titulado “Informe anual sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017”.
Estados Unidos apuntó que México ocupó el lugar 123 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2016, el último de las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; un año antes alcanzó el puesto 95 de 168 naciones.
“Representantes de negocios, incluyendo compañías de EU, creen que fondos públicos son a menudo desviados a compañías privadas e individuos debido a la corrupción, y perciben que el favoritismo está extendido entre funcionarios gubernamentales dedicados a adquisiciones”, apuntó el Departamento de Estado.
En el informe, que incluye un análisis de prácticamente todos los países del mundo sobre las condiciones que ofrecen para hacer negocios, el Departamento de Estado subrayó que la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción ha sido “lenta e ineficaz”.
En un trabajo del portal SinEmbargo se apunta que la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) consideró que durante 2016, el costo de los actos de la corrupción en el sector privado fue de mil 600 millones de pesos, mientras que un 82.2 por ciento consideraron que dichos actos son frecuentes por parte de los funcionarios.
El costo promedio de la corrupción por empresa fue de 12 mil 243 pesos. En el caso de las empresas medianas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos. En Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí se concentran los costos más elevados de estos actos delictivos en materia regulatoria.
En el 64.6 por ciento de las empresas de México se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que en el 39.4 por ciento se indica que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7 por ciento se originan por la obtención de licencias o permisos, de acuerdo con la encuesta del INEGI.
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas tiene el propósito de estudiar la percepción de las empresas sobre la experiencia de realizar trámites y solicitar servicios públicos, así como sobre actos de corrupción al realizarlos.
Según el Banco de México, el Banco Mundial y la revista Forbes, la corrupción en México representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado la sitúa en 10 por ciento del PIB.
Transparencia Mexicana documentó que en 2007 una mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 138 pesos mientras que en el 2010 se elevó a cerca de 165 pesos. El costo para acceder o facilitar trámites y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil millones de pesos en el 2007 y en 2010 se destinaron más de 32 mil millones de pesos a las mordidas.
Los hogares mexicanos en general destinan el 14 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción y los hogares que perciben un salario mínimo gastan el 33 por ciento. Es decir, interpretó Transparencia Mexicana, la corrupción representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres.
Ante esta triste y dura realidad no nos toca más que sumarnos a exigir una lucha frontal y seria contra los actos de corrupción, el país no soporta más este saqueo y los mexicanos menos.
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