Analizando el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) podemos tener un indicador de hacia dónde se dirige la estrategia de seguridad del gobierno mexicano con respecto de la seguridad durante 2021.
A la vista de los números, las respuestas no son satisfactorias: los municipios serán abandonados; se regateará con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas continuará, en detrimento de las instituciones civiles de seguridad.
La asociación Mexico Evalúa nos revela un interesante informe donde refiere que:
En el PPEF 2021 el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) vio reducido su presupuesto en un 4.6%, respecto al PEF 2020. Algo similar sucedió con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): su presupuesto se redujo en 0.1% en relación con el año anterior. Esto significa que los estados y los municipios tendrán menos recursos para programas de prevención de la violencia y de profesionalización y certificación policial, así como para infraestructura y equipo de apoyo necesario para la realización de sus labores.
Pero lo que más desconcierta es la desaparición en 2021 del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg). Esto, sin duda, se traducirá en menos recursos destinados a la generación de capacidades de inteligencia e investigación de las policías municipales, así como a la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.
Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.
La institución encargada de administrar presupuestalmente el FORTASEG es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con la propuesta desaparición del subsidio, el presupuesto que administra el SESNSP tendría un recorte de 94.5% —con respecto al de 2020—, y dejaría a 286 municipios sin recursos adicionales para fortalecer sus capacidades en materia de seguridad.
La SEDENA por otra parte, cuenta con un presupuesto de 112.6 mil millones de pesos, lo que equivale a un 23.2% por arriba del presupuesto modificado —al segundo trimestre— para 2020. Por su parte, se propone que la SEMAR cuente con 35.4 mil millones de pesos, lo que supone un incremento de 3.94% con respecto a 2020. De manera similar, la Guardia Nacional contará con 35.7 mil millones de pesos: un incremento de 62.9% con respecto a este año.
Cada peso que se destina a las Fuerzas Armadas y al cuerpo militar en labores de seguridad pública —eso, y no otra cosa, es la Guardia Nacional— es una traba más en la construcción de una vía civil sostenible. Dicho de otra forma, el incremento que reciben los cuerpos militares lo pierden los pequeños, pero importantes esfuerzos para construir policías civiles, como el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que se queda sin financiamiento.
Estos son los problemas más importantes que encontramos en el PPEF 2021. Esperamos que el Congreso cumpla con sus funciones de contrapeso y decida contener el impulso presupuestal que se la da al militarismo, y contrarrestar la estrategia de asfixia que el Gobierno federal le impone, desde el gasto público, a cualquier esfuerzo por una solución civil y local a la crisis de seguridad.
Lesly Cano
