A pesar de los esfuerzos de algunos partidos políticos para frenar la inminente legislación contra la corrupción, que se debe aprobar antes de que termine abril, la iniciativa ciudadana 3 de 3 avanza y aunque no es una panacea marcará un antes y un después en la lucha mexicana contra este mal.
Mientras en América del Sur, casos como el de Brasil y Argentina avanzan en el sentido de juzgar a mandatarias que han abusado de sus puestos para enriquecerse ilícitamente, en Centroamérica hay presidentes destituidos y sancionados como en Guatemala y Honduras.
En el mundo existen organizaciones como la Federación Internacional de Futbol (FIFA), que enfrenta el descubrimiento diario de actos de corrupción de sus dirigentes. En México, hay quienes se niegan a que ese fenómeno costoso económica y socialmente se detenga.
La clase gobernante de todos los partidos parece estar involucrada en actos ilícitos que impunemente se realizan sin freno alguno. Ahí está el caso del exsecretario de Obras Públicas de Mario Marín, Javier García Ramírez, quien supuestamente fue detenido ayer por presunto enriquecimiento ilícito.
Enriquecimientos inexplicables, tráfico de influencias y daños al patrimonio de los mexicanos son actos sin castigo en todos los niveles de gobierno que deben desaparecer o tendrán otro tipo de consecuencias.
La iniciativa ciudadana 3 de 3 es una propuesta que atrajo a cientos de miles de mexicanos, en Puebla fue exitosa la participación, y será la primera iniciativa legislativa impulsada por la sociedad después de que ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) validó los cientos de miles de firmas entregadas por ciudadanos para obligar a funcionarios a presentar declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflictos de interés. Lorenzo Córdova, presidente del organismo, informó al presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero, sobre la conclusión del proceso para verificar las firmas recolectadas por organizaciones como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Red por la Rendición de Cuentas, universidades públicas y privadas, y organizaciones no gubernamentales. El 18 de marzo, tras recibir las primeras 300 mil firmas, el presidente del Senado, Roberto Gil, las envió al INE para su verificación. Veinticinco días después, el instituto señaló que los promotores cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución para que el Senado procese la primera iniciativa ciudadana de la historia. El 6 de abril recibieron los legisladores otro paquete de más de 300 mil firmas, para sumar un total de 634 mil respaldos a la iniciativa de ley.
Con la validación de éstas, el Congreso queda obligado a dictaminar formalmente la iniciativa. Por lo pronto, los legisladores ubicaron en el centro del debate de las leyes anticorrupción la propuesta ciudadana “Ley 3 de 3” y no el documento elaborado por los presidentes de las comisiones; decidieron iniciar el análisis de la Ley de Responsabilidades Administrativas en función de la propuesta lanzada por los ciudadanos.
En México hay aún inercias que pretenden obstaculizar leyes promovidas por la sociedad para frenar la corrupción que se genera desde posiciones de poder.
Si los políticos no se cansan de poner pretextos, todo indica que como están las cosas hoy, los mexicanos menos.
Es un ¡Ya basta! civilizado.
Si no lo entienden los partidos mexicanos con el tiempo el problema será más grave para sus integrantes. Al paso de los días así se confirmará.
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