La judicialización de los procesos electorales en México llegó para quedarse.
Partidos, militantes y ciudadanos ven natural que en una Sala un grupo de magistrados federales decidan si se respetan o no los derechos políticos de quienes apelan a su intervención y con ello se vuelven árbitros y, en ocasiones, quienes dan los triunfos y las derrotas, arrebatándole el poder de decidir a los votantes.
Ese es el derecho electoral que tenemos los mexicanos y al que apelan partidos y personas cuando sienten afectados sus intereses.
Apenas el sábado pasado el Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Puebla decidió que con base en el Código de Instituciones y Procesos Electorales local no era legal que el partido nacional Encuentro Social (PES) designara bajo la figura de “candidatura común” a Blanca Alcalá Ruiz, quien fue registrada también por la coalición PRI-Partido Verde.
Los priistas y el PES lo tomaron con calma y supieron en todo momento que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) iban a echar abajo la resolución de los magistrados estatales, ya que existen antecedentes de que la local del 5 de junio no se considera su primera elección, lo que no imposibilita que formen coaliciones o candidaturas comunes.
Por tanto, ayer el TEPJF avaló por unanimidad la candidatura común de Encuentro Social con la alianza PRI-Verde para contender en los comicios para la gubernatura.
“De acuerdo al Tribunal Electoral Federal, y por unanimidad, la Sala Superior resolvió la legalidad para registrar la candidatura común de Encuentro Social que hace unos días fue negada por el Tribunal Electoral del Estado”, informa en un comunicado el Revolucionario Institucional.
Fue la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien indicó que Encuentro Social ya participó en el proceso electoral federal de 2015, por lo que el acuerdo emitido por el IEE no tiene aplicación.
“Se modifica la sentencia impugnada y se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla que emita las providencias pertinentes en el ámbito de sus facultades y atribuciones para el efecto de que permita al Partido Encuentro Social participar en las candidaturas comunes”, señala.
Con esta decisión la maestra Alcalá Ruiz será candidata de tres partidos nacionales y aparecerá así en las boletas electorales que usen los poblanos el próximo 5 de junio.
Sus compañeros utilizaron la decisión del TEE para responsabilizar al morenovallismo de bloquear un nuevo respaldo a su candidata, aunque siempre supieron que el Código local así lo establece y por eso tenían calculado impugnar en instancias federales para convalidar su postulación.
La judicialización del proceso electoral es una realidad que utilizan también otros militantes y partidos como el de la Revolución Democrática (PRD), que empezó a montar en Puebla sus espectaculares con la leyenda “Vamos solos, pero bien acompañados”.
Los perredistas asumen así su responsabilidad de obtener cientos de miles de votos para ser una de las principales fuerzas y no quedar en el último lugar, después de Morena y el Partido del Trabajo.
Al resolver los juicios SUP-JDC-1012/2016 y acumulados, la Sala Superior del TEPJF confirmó el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, por el que se designó a Roxana Luna Porquillo como candidata a gobernadora de Puebla. En la resolución se determinó que era “infundado el agravio referente a que el órgano partidista únicamente pudiera designar como candidato a alguno de los actores, pues contrario a ello, lo que ordenó esta Sala Superior en el diverso SUP-JDC-570/2016 y acumulados, fue que se realizara la designación directa del candidato a gobernador tomando en cuenta a cualquier ciudadano que considerara idóneo para ser postulado, incluidos los actores, ante la urgencia de que el partido se
quedara sin candidato”. Estimaron infundado el planteamiento sobre la inelegibilidad de Luna Porquillo, “pues de autos se advierte que presentó su solicitud de licencia para separarse como integrante del Comité Ejecutivo Nacional con anterioridad a la celebración de la sesión donde resultó designada”.
Con ello avalaron su nominación y no hay una instancia más a la que puedan apelar los quejosos, que ya empezaron a buscar responsabilidades en las campañas perredistas de Tlaxcala y Oaxaca porque están decididos a no respaldar a la candidata perredista poblana.
Partidos, militantes y candidatos están sujetos a la ley y también a la interpretación que de ésta hagan los magistrados de los Tribunales Electorales para saber si proceden o no las decisiones que tomen.
Eso advierte la posibilidad de un escenario de una elección competida en la que cada uno de los votos se cuenten, pero no cuenten a la hora de designar a un futuro gobernador si hay irregularidades y el Tribunal considera que debe anular la elección.
Esa es la realidad electoral en México, donde con litigios se puede obtener el poder.
La judicialización llegó para quedarse, los votos no siempre cuentan.
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