Como lo que se ve no se juzga, existe un supuesto acuerdo político del gobierno federal con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que a pesar de ser detenido y juzgado no revele detalles de los montos millonarios que aportó a las campañas presidencial y de diputados federales y senadores del PRI en los procesos que coincidieron con su mandato.
Por lo visto en las horas recientes cuenta del detenido con la gracia de la inmunidad para él, su esposa y su familia.
Está enfrentando sólo dos delitos graves federales, consiguió amparos que suspenden las órdenes de aprehensión por los delitos locales y tiene otros que podrá enfrentar libre.
Una realidad que en su momento será muy costosa y le pesará al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Tanto que ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong salió a pedirle a los mexicanos que como dogma tengan fe en las actuaciones de la Procuraduría General de la República.
El costo político de “perdonar” graves y escandalosos actos de corrupción de desvío de recursos federales será enorme como la fortuna que se llevó Duarte y disfrutan su esposa, sus hijos y su parentela.
El descredito público es asunto nimio comparado con la forma de convertirse en multimillonario, que usó el veracruzano.
Para empezar, en la primera comparecencia judicial Duarte y su costosa defensa mostraron las debilidades en la acusación que hizo la PGR en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo a los cronista del juicio público, en la audiencia inicial y con 12 preguntas, el ex gobernador puso en duda más del 90 por ciento del desvío por 439.6 millones de pesos que se le imputa. Los fiscales enviados apenas pudieron acreditar depósitos por 38.5 millones de pesos desviados en 2015 de la secretaría de Educación de Veracruz. “Por el momento son los únicos recursos”, aceptó con algo de pena el fiscal Pedro Guevara Pérez, quien cobra como director general de Procesos y Amparos en Delitos Federales de la PGR. Las reacciones políticas no se dejaron esperar. “Lo que ocurrió suena a simulación y sospecha. Se debe acreditar que esto no es sólo una circunstancia preparada para exonerar a Javier Duarte”, señaló con índice de fuego el panista Fernando Herrera. “Es una vergüenza que no puedan presentar una carpeta de investigación sólida. Parece una mala broma o una evidencia de que se trata de un juicio arreglado”, dijo la senadora perredista Dolores Padiernar.
Duarte acompañado de sus defensores encabezados por Marco Antonio del Toro preguntó a los fiscales de qué dependencias salieron los recursos desviados, los montos, las fechas. “Tras evasivas y la intervención del juez, se vieron obligados a aceptar que sólo tenían documentado depósitos de la secretaría de Educación veracruzana por 38.5 millones de pesos, el 23 de diciembre de 2015, en favor de Solaris Technologies” apuntó la crónica publicada en Reforma. . “Afirma usted que de las cuentas se tomaron 38.5 millones de pesos, ¿eso es todo?”, preguntó el ex gobernador a la PGR. “Por el momento son los únicos recursos”, respondió el fiscal Pedro Guevara Pérez. El hecho es contundente, la PGR sólo tiene pruebas del 8.7 por ciento de los recursos y éstos no explican las compras de una lancha italiana y parcelas en Campeche, porque ocurrieron entre 2011 y 2013, ni de los departamentos en Ixtapa, cuyos contratos datan de 2010. A nueve meses de que se ordenó su captura, la Procuraduría no consiguió armar un expediente sólido y reunió información desarticulada que en los hechos le abre la puerta del reclusorio al paradigma de la corrupción política de los gobernadores en el país y todo en coincidencia con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción.
Duarte, personalmente, exhibió que los fiscales tampoco conocían el número de terrenos adquiridos en Campeche y, en algunos casos, ni el precio unitario. “A cuenta gotas, a veces con lapsos de 5 minutos de silencio, los fiscales informaban un dato tras rastrearlo en la carpeta de investigación. En la sala de audiencias sólo se escuchaba el cambio de página de la carpeta. Así ocurrió durante una hora”, agrega la crónica. Ante tantos errores y fallas, el juez les advirtió a los fiscales “si les cuesta (conocer el expediente) por la carga de trabajo, eso no es atribuible al juzgado o defensa. Si no lo puede responder basta con que aquí lo diga y con eso resuelvo al final”, con lo que les llamó la atención. Los funcionarios de la Procuraduría que se supone son de los mejores incurrieron en los mismos errores al no poder probar compra de joyas terrenos y departamentos que en su momento fueron enlistados como propiedades adquiridas con recursos ilegales.
Para vergüenza ajena los representantes de la PGR tuvieron que aceptar que no tenían los cheques de pago de la compra de un departamento y de los otros sólo tenía el contrato. No había documentos bancarios o de otra naturaleza que corroboraran las compras, tampoco fueron acompañados por representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En la desesperación y ante el papelón que estaban haciendo, Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR, admitió ante el juez que no tiene ninguna información que acredite que Hacienda practicó a Duarte una auditoría fiscal, requisito previo para poder acusarlo de lavado de dinero. Lo único que aparece en la carpeta de investigación contra el ex mandatario es una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no tiene el mismo valor legal. Desde el 14 de octubre pasado, fecha en que se libró la orden de aprehensión contra Javier Duarte, la PGR sólo ha obtenido dos nuevos testimonios como pruebas adicionales en su contra. Se trata de la entrevista a José Juan Janeiro, el “cerebro” financiero del ex gobernador. Como testigo la PGR le concedió el criterio de oportunidad y le retiró la orden de aprehensión en su contra a cambio de colaborar en las investigaciones. La otra declaración es la del ex Secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez, actualmente procesado. De acuerdo a lo mostrado en la audiencia del lunes, durante 9 meses la PGR no agregó documentos bancarios, notariales, fiscales o regístrales que soporten sus acusaciones. Sólo los dichos mencionados. Los fiscales mostraron total incapacidad para sostener un juicio, aunque los ciudadanos juzgaron y encontraron culpable a Duarte de Ochoa.
El ex gobernador, que es un modelo mexicano acabado de la corrupción, tiene enfrente una serie de pruebas que se desmoronan y aunque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a los mexicanos fe en la PGR lo que existe es la incredulidad de que vayan a sancionar al acusado y éste devuelva los millones que se supone robó del erario público.
“Hay que tener fe en la institución, fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga, y derivado de ello entonces el juez, la jueza que le toque este tema, y otros, pueda resolver conforme a la ley”, preciso quien aspira a ser Presidente de México.
Tener fe es un acto dogmático ante lo supremo, los políticos mexicanos hoy están en el fango y se hunden más cuando se solapan y toleran entre ellos sus abusos.
No hay forma de creer en quienes estan demostrando que impera la impunidad en el país.
Los políticos y funcionarios se protegen a sí mismo, como demuestra el caso Duarte. La suspicacia impera.
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