Sin embargo, desde finales del año pasado, quedaron en el horizonte gruesos y obscuros nubarrones que nos obligaron a cerrar el 2022 con desasosiego y preocupación.
Se dieron dos golpes severísimos a la línea de flotación de la gobernabilidad democrática. Uno, prosperó el llamado plan B de la reforma en materia electoral del presidente López Obrador y dos, salió a la luz un enorme escándalo de plagio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dos instituciones clave para el mantenimiento de la estabilidad política de México fueron sacudidas y llegan al nuevo año con muchas más incertidumbres y riesgos de estabilidad, que de certezas.
Ambos temas están íntimamente relacionados con lógicas sucesorias. Por un lado, en el Consejo General del INE se ha iniciado el proceso de renovación de su presidencia y de tres consejerías, y en la Corte, las primeras horas del año fueron testigo de la renovación de la presidencia del máximo tribunal.
La Convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para la designación de las consejeras o consejeros electorales del INE fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La elección de la presidencia del Pleno de la SCJN polarizó las posturas de distintos actores políticos tras la divulgación del escándalo de plagio, aunque, finalmente, concluyó de forma feliz con la elección de la ministra Norma Lucía Piña como la primera mujer en ocupar ese cargo, como alguien con una sólida trayectoria judicial y con un reconocido prestigio en los ámbitos judicial, académico y del gremio jurídico.
Sin embargo, la Corte aun tendrá que navegar por aguas turbulentas hasta que se resuelva, por las vías institucionales adecuadas y con estricto apego a derecho, un caso que puede herirla en lo más profundo de su credibilidad y fortaleza política.
Por ello, aunque la elección de la nueva presidenta de la Corte resultó exitosa, es menester que se resuelva el tema del presunto plagio de una tesis profesional para eliminar esa sombra de ilegitimidad en el seno del tribunal.
En todos los escenarios imaginables, una Suprema Corte de Justicia de la Nación lesionada en su credibilidad y cuestionada en su legitimidad, significa una pésima noticia en un contexto donde el Poder Ejecutivo pretende que las normas inconstitucionales que ha expedido el Congreso de la Unión no sean invalidadas por el Poder Judicial.
Sobre todo, si consideramos que, en los próximos meses, la Corte tendrá que enfrentar las resoluciones de los temas más delicados de su agenda: los temas de la militarización y las impugnaciones en contra de la reforma electoral.
El tamaño del riesgo que corremos es enorme, los procesos electorales de este año y, sobre todo, del siguiente, serán cruciales para el futuro de la democracia mexicana.
De esas luchas políticas, de sus resultados y, sobre todo, de la conformidad con los mismos, depende en buene medida que México siga siendo una nación libre y democrática, que pueda insertarse de manera armónica en el concierto de las naciones.
