La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN) solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se legisle para garantizar “una verdadera paridad biológica, no ideológica” en la Cámara de Diputados e impedir que se viole la libertad parlamentaria al restablecer condiciones de igualdad que aseguren la libertad de expresión.

La diputada lamentó la resolución del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su contra por presunta violencia de género, pues evidencia “que la lucha de las mujeres para ejercer libremente sus derechos aún tiene un largo camino y, peor aún, va en retroceso”.

Señaló que la resolución que dictó el Tribunal sobre la existencia de violencia política en razón de género contra la diputada federal Salma Luévano es una justificación para encontrar privilegios al amparo de lagunas legales.

“Cuando pensamos que una figura como la ‘violencia política de género’ se había creado como mecanismo para protegernos y permitir que accediéramos a espacios de toma de decisiones, ahora vemos que, lejos de darnos seguridad, la misma autoridad usa esas herramientas en contra de nosotras mismas”, aseveró en conferencia de prensa, en donde estuvo acompañada por diferentes colectivos y asociaciones de mujeres.

Confió en que la Sala Superior del TEPJF resolverá favorablemente la impugnación que tramitó conforme a sus derechos como mujer y legisladora; en caso de no ser así, acudirá a las instancias internacionales pertinentes.

“Lo que están haciendo es violencia, ya no contra mí, sino contra la población, porque no permiten saber qué está sucediendo con todas las leyes que se están aprobando y que se ven afectada sus familias”, apuntó.

Explicó que “la ideología de género dejó de ser una lucha de ciertos grupos para buscar respeto e igualdad y se convirtió en una justificación perfecta para encontrar privilegios al amparo de lagunas legales”.

“Ahora parece que ser mujer biológica y defender tus ideales como hija, madre, esposa, trabajadora o empresaria es un delito. Esta es la verdadera discriminación, cuando se rompe la igualdad y a unos cuantos se les permite, sin ninguna justificación, decir lo que sea, mientras a nosotras nos quieren sumisas y calladas”, expuso.

Recordó que 11 mujeres mueren al día y, en ese caso, “la justicia es sorda, ciega y muda, pero cuando una legisladora se atreve a expresar su punto de vista y legislar como parte de su trabajo acerca del tema, entonces sí, de inmediato es violencia”.

“Tan sólo en el proceso electoral 2020-2021 hubo 134 denuncias en materia de violencia política de género, y 21 candidatas fueron asesinadas, pero ahí la justicia nunca llegó”.

Aseguró que se pretende anular a las mujeres con pequeñas acciones que parecen inofensivas, “pero que si seguimos permitiéndolas van a terminar desapareciendo el término mujer de cualquier ley”.

“Incluso hoy en la Cámara la paridad de género es inexistente y se está volviendo en contra de las mujeres, mientras que algunos grupos consiguen más derechos, nos quitan los espacios a nosotras, destruyendo la igualdad y minimizando nuestro sexo”, concluyó.

Al concluir la conferencia de prensa, las activistas exigieron a las y los legisladores que prioricen políticas públicas que coadyuven a resolver los verdaderos problemas que realmente afectan a las mujeres: ausencia de justicia, violencia, impunidad, inseguridad, inexistente atención a la salud integral, pobreza, desigualdad de oportunidades, por mencionar algunas de las muchas deudas pendientes del Estado con las mujeres.

Asimismo, dieron a conocer que ayer entregaron una carta con más de mil 248 firmas a la Sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y les dieron la posibilidad de tener una audiencia con el magistrado presidente el día martes 23, a las 12 del día.

Redacción