El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las modificaciones a la Ley de Comunicación Social que contempla el plan b electoral de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador permiten que los servidores públicos puedan externar su opinión personal durante algún proceso electoral sin ser sancionados como hasta ahora se venía aplicando a las administraciones públicas.
En este sentido, la SCJN dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho Decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, sobre la base de que:
- Se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal;
- Contiene modificaciones legales fundamentales y,
- porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste…
Señaló la SCJN en un comunicado.
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