El Pleno de la Suprema Corte tiene previsto analizar y resolver siete consultas a trámite, presentadas por personas juzgadoras, en las que piden suspender los efectos de la Reforma Judicial.
Lo anterior, con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a la Suprema Corte para velar por la autonomía del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes.
Los proyectos de resolución de estos asuntos son: uno del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone al Pleno que la vía intentada por los quejos no es la idónea, pero en suplencia determina cuál es la vía correcta y determina reencauzar la petición de los promoventes hacia un supuesto diverso.
Tres proyectos son de la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien propone que la consulta solo es funcional frente a la legislación secundaria, no contra la Constitución, por lo que propone su desechamiento por improcedente.
Los tres proyectos restantes son de la ministra Lenia Batres Guadarrama quien establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé las medidas cautelares como parte de este tipo de controversias y, por principio de legalidad, no podrían concederse, pues advierte que la Corte se convertiría en legislador.
