El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, reprobó de manera enérgica la Reforma Judicial aprobada por el partido Morena, la cual representa un grave atentado contra la independencia judicial y los derechos humanos fundamentales en nuestro país.
Destacaron que esta reforma, que ha sido impulsada sin el debido diálogo ni consenso, pone en riesgo la estructura democrática de México al debilitar la independencia de la judicatura, uno de los pilares esenciales para la protección de los derechos humanos y las libertades de todas y todos los mexicanos.
"La propuesta de elegir a los jueces por voto popular, bajo la influencia directa de intereses políticos, no solo compromete la imparcialidad de las decisiones judiciales, sino que abre la puerta a la politización de la justicia, un escenario que podría derivar en la captura política del Poder Judicial"
Señalaron que diversos organismos internacionales han alzado su voz ante esta amenaza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido llamada a intervenir por más de mil jueces y magistrados que advierten sobre la afectación a sus derechos laborales y la posibilidad de un desmantelamiento de los órganos de control al poder y de garantía efectiva de derechos humanos.
Asimismo, la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, ha expresado su profunda preocupación por la intimidación y las interferencias que la reforma podría generar, debilitando aún más el sistema judicial mexicano.
Además, la organización WOLA ha subrayado los riesgos para los derechos humanos que esta reforma conlleva, advirtiendo que la propuesta podría perpetuar la impunidad y el abuso, dejando a la población más vulnerable sin protección ante las arbitrariedades del poder.
Recientemente, Bank of America (BofA), el segundo mayor banco estadounidense, ha manifestado su profunda preocupación por las implicaciones de esta reforma judicial, considerándola la más preocupante y trascendental de las 20 reformas del “Plan C” del presidente López Obrador.
Según el análisis de BofA, esta reforma podría tener enormes implicaciones para el funcionamiento de la democracia en México, y es vista con gran preocupación por los gremios empresariales.
BofA advierte que la combinación de esta reforma con las próximas elecciones en Estados Unidos y la sobre representación del oficialismo en el Congreso podría marcar negativamente la próxima década del país, generando una mayor volatilidad en los mercados financieros y afectando la estabilidad política y económica de México.
A estas preocupaciones se suma la postura de las Facultades de Derecho de nueve prestigiosas universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Panamericana (UP) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Estas instituciones han manifestado su firme rechazo a la reforma, subrayando la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial como elemento fundamental para el correcto funcionamiento del sistema democrático en México.
La autonomía judicial es esencial para mantener el equilibrio de poderes y garantizar una impartición de justicia imparcial, principios que esta reforma pone en grave riesgo.
Ante este panorama, el Partido Acción Nacional reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa de las libertades y los derechos de todas y todos los mexicanos. No permitiremos que se desmantele la democracia ni que se vulnere la independencia judicial en nuestro país.