La Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, pidió a los responsables de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades construir una APF que sirva como modelo a la sociedad, al implementar medidas pertinentes y prioritarias para prohibir toda discriminación, así como prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.
“Como personas dedicadas al servicio público, estamos obligadas a respetar y a hacer respetar los derechos humanos”, puntualizó. Además, hizo énfasis en que la responsabilidad de la SFP en la aplicación de dicho Protocolo es mayor, pues no sólo debe acatarlo, sino que tiene la obligación de velar por su cumplimiento, por ser la dependencia que coordina de manera transversal a las instancias involucradas en la atención y resolución de estos asuntos.
En presencia de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, y del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, Arely Gómez señaló que según cifras de 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más ha sido objeto de, al menos, un acto de violencia de algún tipo, y que entre octubre de 2015 y octubre de 2016, 45 por ciento de las mujeres fue víctima de algún acto violento, de tipo emocional, sexual o de discriminación en sus centros de trabajo.
Ante esta situación, destacó la necesidad de consolidar el andamiaje legal vigente y emprender acciones efectivas que procuren áreas de trabajo de confianza y respeto a la dignidad de todas y todos.
En el acto, la Titular de la SFP subrayó que la igualdad entre mujeres y hombres, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, por lo que es fundamental erradicar las figuras discriminatorias y patrones culturales, que obstaculizan el pleno desarrollo de toda la sociedad en su conjunto.
Reiteró que actualmente, en México se cuenta con un marco normativo e institucional que obliga a las autoridades a diseñar y poner en marcha políticas públicas, que promuevan la no discriminación por razones de género y garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incluyendo la violencia laboral.
Durante su participación, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del INMUJERES, señaló que “el hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito de la Administración Pública Federal es una realidad lamentable que merece toda nuestra atención; son delitos que durante mucho tiempo habían estado tan normalizados que parecía que así iban a seguir porque así eran las cosas”.
Cruz Sánchez mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios para valorar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual con perspectiva de género que, entre otras cosas, señala que los delitos sexuales son un tipo de agresión que se produce en ausencia de otras personas, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho, es decir, hay que confiar en la palabra de las presuntas víctimas.
Hoy más que nunca, las mujeres están dispuestas a denunciar, por ello, en este protocolo se estableció la ruta de atención a presuntas víctimas, donde la intervención de los Órganos Internos de Control, con la debida diligencia, es fundamental para imprimir la fluidez y agilidad en la resolución de los casos y con el acompañamiento de la CEAV, puedan obtener certidumbre, justicia y reparación del daño, puntualizó.
En ese marco, el Titular de la CEAV, Sergio Jaime Rochín del Rincón, señaló que al interpretar la Ley General de Víctimas, “ha sido complicado para un buen número de dependencias, el encontrar mecanismos que permitan brindar los servicios a los que las víctimas necesitan y a los que tienen derecho”.
Recordó que, en 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la viabilidad y obligación de todas las autoridades administrativas de interpretar las normas conforme más se favorezca a la persona o conforme menos se le restrinja el ejercicio de sus derechos. Llamó a hacerlo así, en el ejercicio diario de la función pública.
En ese sentido, señaló que la política de atención a víctimas en México es una labor del Estado en su conjunto. Las acciones que se generan desde la CEAV, subrayó, involucran a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal, particularmente a aquellas que proveen servicios de salud, vivienda y programas sociales.
Con información de: SFP
Imagen de: SFP
