El Estado Mexicano continúa acumulando una deuda con las mujeres en la impartición de justicia, especialmente en un contexto de alarmante aumento de la violencia feminicida. Baja California, desafortunadamente, no es una excepción a esta tendencia preocupante, indicó la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge.

En respuesta a esta cruda realidad, la sociedad civil ha emprendido un arduo trabajo de análisis y concienciación bajo el título “Análisis sobre perspectiva de Género en las sentencias de Feminicidio en Baja California” (2020-2023), explicó.

La senadora panista expresó su profunda preocupación por las cifras alarmantes y desgarradoras que prevalecen en Baja California.

En lo que va de 2023, se han registrado más de 200 casos de asesinatos de mujeres en Baja California. Aún más preocupante es que tan solo 13 de estos casos han sido catalogados como feminicidios. Esta escalada de violencia feminicida es inaceptable y requiere una acción inmediata y decidida por parte de nuestras autoridades y la sociedad en su conjunto, señaló.

“No podemos ignorar que Baja California se encuentra en alerta de violencia de género desde hace dos años, decretada por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). A pesar de esta grave situación debemos señalar que la respuesta del gobierno de Morena en Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, no ha estado a la altura de las circunstancias”, expuso la panista.

La legisladora detalló que la sociedad civil, representada por el colectivo “Red de Mujeres Unidas por Baja California”, se ha visto en la necesidad de presentar este estudio a nivel nacional desde el Senado de la República debido a la falta de acción por parte del gobierno.

“Este colectivo, conformado por mujeres de la sociedad civil y de diversas fuerzas políticas, ha trabajado arduamente durante más de cuatro meses en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad para llevar a cabo el mencionado análisis”, dijo.

Cruz Blackledge acusó que la titular del gobierno de Baja California parece interesarle más la creación de contenidos en plataformas como TikTok que la preocupación genuina por la difícil situación que enfrentan las mujeres que están siendo asesinadas en el estado fronterizo.

Destacó que esta actitud de indiferencia se ha manifestado también en la Fiscal Central de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, quien, a pesar de haber asumido el cargo hace tan solo dos meses, ha argumentado que, debido a restricciones de agenda no pueden recibir al mencionado colectivo.

En su intervención, la presidenta de la “Red de Mujeres Unidas por Baja California”, Miriam Ayón, instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para abordar la incontenible ola de violencia feminicida.

“Baja California figura entre los estados más violentos y con mayor incidencia de feminicidios en el país, con tres de sus siete municipios dentro de los 100 municipios con más feminicidios en México. El estudio presentado resalta la falta de aplicación de protocolos para investigar los feminicidios en la entidad por parte de la Fiscalía, lo cual ha sido reconocido recientemente por la Fiscal Central de Baja California”, apuntó la activista.

El análisis también pone de manifiesto la ausencia de una perspectiva de género por parte de los operadores de justicia del tribunal Superior en Baja California, lo que ha llevado al Poder Judicial en la entidad a estar del lado de los agresores en lugar de las víctimas.

La senadora Cruz Blackledge insistió a las autoridades del estado a tomar medidas inmediatas y efectivas para abordar esta crisis de violencia feminicida.

“Es urgente la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la adecuada clasificación de las sentencias con perspectiva de género”, concluyó.

Durante la presentación de este estudio, el colectivo estuvo acompañado por legisladoras de diversas fuerzas políticas, incluyendo a la senadora Indira Kempis y la diputada Lizbeth Mata.

Redacción