Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) buscan a más implicados de la administración del ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, como cómplices de los delitos de sustracción y tráfico de bebés recién nacidos por parte de exfuncionarios del Sistema del DIF Sonora.
Una pareja que accedió a pagar hasta 150 mil pesos para acelerar los trámites de adopción y quedarse con un menor que fue arrebatado de las manos de su familia biológica, los cuales en una entrevista revelaron que los elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, están en la búsqueda e identificación de más exfuncionarios coludidos con el pasado sexenio.
“Hace dos meses nos visitaron agentes federales y tenían especial interés en saber si había más funcionarios del gobierno de Padrés, implicados en la venta de los bebés recién nacidos”, indico la pareja, la cual no se reveló su identidad por seguridad.
El 28 de agosto, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, exdirector de la Línea Protege del DIF Sonora, en complicidad con José Manuel Hernández López, abogado en la Unión Ganadera Regional, habían participado en la sustracción y tráfico de al menos 11 bebés recién nacidos, los cuales fueron sustraídos de los brazos de sus madres.
A pesar que los principales sospechosos se presentaron a declarar ante el Agente del Ministerio Público, confesaron su crimen, estaban señalados como tratantes de personas por autoridades en los Estados Unidos e incluso uno de ellos fue detenido en flagrancia delictiva.
El exprocurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich los dejó en libertad, argumentando que este sistema de Justicia Penal no permitía retenerlos, aunque este sistema acaba de inicia su implementación en Sonora.
