El Grupo Parlamentario del PAN impulsa una iniciativa para reformar los artículos 69 y 93 de la Constitución Política a fin de crear un nuevo procedimiento para la realización de las comparecencias y favorecer la rendición de cuentas y el diálogo entre las y los legisladores y los directivos de los órganos de la administración pública federal y los órganos autónomos, informó el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

En un comunicado indicó que se busca ampliar el catálogo de servidores públicos que pueden ser llamados a rendir cuentas ante el Congreso, ya que actualmente la Constitución restringe esta obligación a unos pocos titulares de órganos de gobierno. Además, diversas instituciones públicas han cambiado su naturaleza jurídica como resultado de las reformas constitucionales recientes.

Específicamente, aseveró Ramírez Barba, se propone facultar al Congreso para citar a comparecer a los titulares de Empresas Productivas del Estado, organismos reguladores coordinados en materia energética, la persona titular de la Fiscalía General de la República y las y los titulares de órganos constitucionales autónomos.

Expuso que el documento establece que las y los servidores públicos que sean convocados a comparecer estarán obligados a asistir a las Cámaras durante los meses de septiembre u octubre.

“No podrán excusarse de rendir cuentas, salvo que exista una causa suficientemente justificada, según el criterio de la mayoría de los miembros del Pleno o Comisión respectiva de cada Cámara”, indicó.

Explicó que las y los legisladores de cada Cámara podrán acordar volver a citar a comparecer a las y los servidores públicos, en un plazo máximo de un mes, si existiera información pendiente por aclarar. 

Asimismo, comentó que se otorga facultad a las comisiones legislativas de cada Cámara para elaborar un informe escrito con sus observaciones o sugerencias derivadas del informe de gobierno, dentro de su ámbito de competencia. Este informe deberá ser remitido al titular del Ejecutivo Federal y al órgano administrativo competente para su debida atención y seguimiento.

Añadió que se propone facultar a la Auditoría Superior de la Federación para dar seguimiento a las observaciones y sugerencias que las comisiones legislativas realizan respecto al informe de gobierno. 

“Debido a que, actualmente, no existe un mecanismo efectivo que permita al Poder Legislativo monitorear y evaluar adecuadamente los puntos débiles de las políticas gubernamentales, ni detectar anomalías que puedan constituir actos de corrupción o infracciones a la ley”, argumentó. 

Por otro lado, mencionó que se propone que cuando el Ejecutivo Federal envíe una iniciativa de ley o decreto cada una de las Cámaras podrá convocar a la o al funcionario del área correspondiente de la Administración Pública con el fin de debatir y obtener más información al respecto.

Subrayó que se plantea que la o el servidor público que falte a la verdad u omita información respecto al informe será sujeto a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

“En el PAN buscamos reformar la reglamentación de las comparecencias y el informe de gobierno con el objetivo de establecer un sistema auténtico de rendición de cuentas que México necesita”, sostuvo.

Ramírez Barba señaló que en este sexenio “estamos retrocediendo en materia de rendición de cuentas, por lo que necesitamos construir instituciones y leyes que fomenten la transparencia, estableciendo estrictos mecanismos de vigilancia para combatir la corrupción y los malos gobiernos. Además, es esencial contar con una ciudadanía participativa que confíe en sus instituciones. 

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la opacidad, la falta de diálogo con la oposición y la falta de coordinación entre los Poderes de la Unión, aunque se han registrado algunos avances en las comparecencias con algunos titulares de organismos de la administración pública federal y organismos constitucionales autónomos, otros se han negado a asistir al Congreso sin que exista un mecanismo de obligatoriedad”, apuntó.

Recordó que actualmente el procedimiento detallado la Constitución mandata a las y los servidores públicos a entregar cuentas bajo procedimientos muy ambiguos, que no favorecen el diálogo con las y los legisladores, ni mucho menos la retroalimentación de las políticas de gobierno. 

Argumentó que las comparecencias se realizan en un ambiente marcado por los pronunciamientos políticos, pero poco contribuyen al análisis del Estado que guarda la administración pública, por lo que hay un distanciamiento entre los representantes populares en el Congreso y quienes encabezan las diferentes áreas del Ejecutivo Federal.

“Los señalamientos y evaluaciones que realizan las y los legisladores no producen consecuencias jurídicas, no inciden en la remoción del servidor público en el cargo o en el inicio de una responsabilidad administrativa o penal; por ello, en las y los funcionarios del Ejecutivo no hay compromiso con las comparecencias”, consideró Ramírez Barba.

Por ejemplo, dijo que la falta de voluntad para asistir al Congreso de la Unión a rendir cuentas es el del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues la Comisión de Seguridad Social citó al titular, Pedro Zenteno Santaella, para el 22 de agosto de 2022.

Sin embargo, recordó que horas antes de la sesión, el director canceló su asistencia sin una justificación válida, evitando así el ejercicio de rendir cuentas ante los representantes de la Cámara de Diputados.

En este contexto, aseguró que su bancada propone profesionalizar las funciones de las y los legisladores para que puedan ejercer de manera efectiva sus facultades de control sobre el Poder Ejecutivo.

Asimismo, restaurar el Informe de Gobierno del Presidente de la República a su propósito original, pues se trata de la rendición de cuentas ante la nación y frente a las y los representantes electos. Por ello se propone modificar el artículo 69 de la Constitución para establecer que el titular del Ejecutivo Federal deberá rendir un informe presencial anual ante el Congreso General cada 1 de septiembre, coincidiendo con la apertura del periodo ordinario de sesiones.

Enfatizó que durante el desarrollo de dicha sesión el Presidente de la República responderá a un posicionamiento de cada grupo parlamentario representado en el Congreso, así como de los legisladores independientes. Cada uno de estos tendrá derecho de réplica tras su participación.

“El momento histórico que atravesamos exige que abandonemos la noción de que las leyes pueden ser violadas y que la impunidad será tolerada permanentemente. Es imperativo transformar la forma en que se ejerce el gobierno; los servidores públicos deben comprometerse a rendir informes y a escuchar las opiniones de todos aquellos interesados en los asuntos del estado”, concluyó.

Redacción