De acuerdo a documentos de la fiscalía de Guerrero, el día 28 de septiembre a las 12:00 h, a menos de 48 horas de la desaparición de los jóvenes, el Ministerio Público de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un grupo de estudiantes y padres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa ingresaron al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Incluso un día después, es decir el 29 de septiembre, la fiscalía de Guerrero volvió a ingresar al cuartel, tras recibir una llamada anónima que denunciaba la supuesta presencia de los estudiantes desaparecidos en aquel cuartel.
El documento de la fiscalía señala que el 28 de septiembre ingresaron al cuartel “integrantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, su abogado Vidulfo Rosales y algunos familiares de los jóvenes”, además de la Comisión de Derechos Humanos que “dio fe de los recorridos y actuaciones realizadas”.
El Ministerio Público del fuero común Elmer Rosas Asunción y su perito fueron quienes realizaron los peritajes en la instalación militar; en donde los estudiantes, padres de familia y abogado no estuvieron presentes, ya que permanecieron en los patios del cuartel.
Esa visita no fue en la totalidad de las instalaciones, ya que el comandante del 27 Batallón, coronel de infantería José Rodríguez Pérez, así lo decidió. “(…) Manifestando que por motivos de seguridad nacional no se pueden mostrar todas las instalaciones, que para dichos efectos se deberá dirigir la petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, o a la novena Región Militar con sede en Acapulco, para que autoricen la inspección general”.
A los estudiantes y padres de familia se les informó que no era posible visitar “las celdas de detenidos” del cuartel, porque el comandante les dijo que no había tales instalaciones ahí.
“(...) Señalando que las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento de que llegan a detener a individuos estos son canalizados directamente a las diferentes dependencias adonde correspondan”.
La visita de menos de una hora concluyó “sin ninguna información relevante”.
Adicionalmente, la fiscalía conminó al Ejército a informar ministerialmente si había detenido a los estudiantes desaparecidos y que entregara las bitácoras del cuartel. El comandante solicitó la autorización, entregó las bitácoras y afirmó que los soldados no habían detenido a nadie.
Aquí puedes checar la documentación señalada.
