En la conferencia de prensa, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, leyó un pronunciamiento al respecto de esta investigación acerca del probable conflicto de interés en la compra de la casa de Las Lomas de la primera dama Angélica Rivera, de la casa de Malinalco del secretario Luis Videgaray, y de la casa que el presidente Enrique Peña Nieto compró en Ixtapan de la Sal.
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<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EnVivo?src=hash">#EnVivo</a> La <a href="https://twitter.com/SFP_mx">@SFP_mx</a> determinó que el Lic. Enrique Peña Nieto no incurrió en violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos</p>— Gobierno República (@gobmx) <a href="https://twitter.com/gobmx/status/634751171123617792">agosto 21, 2015</a></blockquote>
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El funcionario señaló que con base en la Ley de Responsabilidad de los servidores públicos, la SFP investigó estas conductas de los funcionarios públicos que pudieron haber caído en conflicto de interés en el otorgamiento de contratos de obra pública a empresas vinculadas con grupos empresariales que vendieron estas propiedades al secretario y a la primera dama en el pasado.
Señaló que el presidente de la República solicitó esta investigación, misma que arrancó tras la publicación de varias notas periodísticas.
Las inmobiliarias que celebraron estos contratos estaban a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Inmobiliario Higa, quien posee cuatro empresas que tienen contratos con el Gobierno Federal. Para un total de 22 contratos con el Gobierno Federal.
También se investigó a Ricardo Arturo San Roman, quien le vendió la propiedad al presidente Enrique Peña Nieto, y quien es dueño de Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A. de C.V. y Club de Golf Ixtapan S.A. de C.V. con 11 contratos en total con la administración federal.
Los contratos se celebraron con 15 dependencias federales, por lo que la SFP investigó a cada una de estas dependencias o entidades, para analizar si hubo conflictos de interés o acción indebida.
En estos 15 expedientes se investigó la conducta de 111 servidores públicos que participaron en estas licitaciones.
Virgilio Andrade prosiguió leyendo lo que las leyes mexicanas contemplan como conflicto de interés, así como las acciones que esto contempla y las sanciones para estas actuaciones. Con base en dicho marco legal, fue como se analizó a los funcionarios públicos que participaron en la licitación de estos contratos.
Casa de Las Lomas:
En este expediente, quedó demostrado que el 12 de enero de 2012 se celebró un contrato de compra-venta entre la Sra. Angélica Rivera Hurtado y una empresa de Grupo Higa por el domicilio encontrado en Sierra Gorda #160, por 54 mdp. a un plazo de pago de 9 años y con un interés anual del 9 por ciento.
Señaló que la CNBV comprobó que los cheques presentados por la primera dama, coinciden con los que la compañía de Juan Armando Hinojosa cobró por esta propiedad, es decir que son auténticos y certificados.
Comentó que en este contrato, la inmobiliaria iba a ser dueña de la propiedad hasta que la primera dama pagara la totalidad del inmueble; pago que nunca se completó.
Andrade resaltó que se comprobó que la Sra. Angélica Rivera Hurtado pagó estas cantidades gracias a su carrera profesional que tuvo con Grupo Televisa desde la década de 1990. También reveló que la primera dama presentó 130 mdp en su declaración anual del año 2010, el último en el que trabajó para Grupo Televisa.
Señaló que finalmente, la primera dama regresó la propiedad de la casa a la inmobiliaria en el año 2014, y que se acordó que ella solo debía pagar una renta por el tiempo que duró el contrato, 10 millones 500 mil pesos. Con este hecho, ella dejó de ser dueña de este inmueble desde diciembre de 2014.
Casa de Malinalco:
El secretario firmó un contrato de compra venta por esta propiedad en el Club de Golf Malinalco por 7 mdp a un plazo de 18 años con un interés anual del 5 por ciento, así como uno por el terreno colindante por un plazo de 3 años.
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<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EnVivo?src=hash">#EnVivo</a> Se resolvió que el Dr. Luis Videgaray Caso no incurrió en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos</p>— Gobierno República (@gobmx) <a href="https://twitter.com/gobmx/status/634751410119286784">agosto 21, 2015</a></blockquote>
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Quedó demostrado que la liquidación de la compra-venta se realizó el 31 de enero de 2014, cuando el secretario cubrió anticipadamente el adeudo total de algo más de 6 millones de pesos, con recursos de su patrimonio.
Casa de Ixtapan de la Sal:
El presidente firmó un contrato de compra-venta con la inmobiliaria del Sr. San Román por un inmueble que consta de tres lotes en el Club de Golf Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, mismos que adquirió entre el 2005 y 2006. Esto quedó demostrado con escrituras públicas del año 2011.
Conclusiones:
El funcionario comentó que los 111 servidores públicos interrogados señalaron que nadie los obligó a fallar a favor de alguna empresa de Juan Antonio Hinojosa, con quien afirmaron no tener ninguna relación, por lo que no hubo conflicto de interés por parte de ninguno de ellos.
Al presidente de la República no le corresponde participar o decidir sobre la licitación de contratos de obra pública, y la SFP comprobó que el mandatario no participó en ninguno de estos procesos.
Sobre el presidente Enrique Peña Nieto, Virgilio Andrade dijo que “el presidente de la República no intervino en ningún proceso de contratación”, y que se corroboró con las 111 declaraciones de los servidores públicos que sí participaron en las licitaciones.
También subrayó que durante la actual administración, ni el presidente ni su esposa han adquirido propiedades.
Virgilio Andrade, comentó que con base en lo anterior, ni el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, o el secretario Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés por la compra de estas propiedades.
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